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Economía

13/08/2012

De Vido pierde poder y deja de administrar las propiedades estatales

Por decreto, el Gobierno disolvió la ONABE. La entidad había cobrado notoriedad con el lanzamiento de los planes de viviendas. Quién manejará los terrenos.
JULIO DE VIDO. No administrará más los bienes del Estado a través de la ahora disuelta.
JULIO DE VIDO. No administrará más los bienes del Estado a través de la ahora disuelta.
JULIO DE VIDO. No administrará más los bienes del Estado a través de la ahora disuelta ONABE.

La presidenta Cristina Fernández disolvió por decreto el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), que estaba en la órbita del ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido.

En su lugar, creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a manos de la Jefatura de Gabinete de Juan Manuel Abal Medina.

La misma funcionará como un “organismo descentralizado” con “autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado”. La nueva agencia tendrá además un Registro Nacional de bienes inmuebles del Estado.

Entre otros bienes, quedará a cargo de la administración de todos los bienes ferroviarios desafectados de las concesiones y de los terrenos que se usarían en el plan de viviendas Pro.Cre.Ar.

También heredará la estructura de la ahora ex ONABE.

De esta manera, el poder del ministro de Planificación Julio De Vido se va reduciendo quien en un principio fue desplazado en YPF, donde el poder en el directorio quedó en manos del presidente de la compañía, Miguel Galuccio, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo estableció que “dentro del plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigencia de la presente medida, y a fin de la conformación de la base de datos del Registro, las jurisdicciones y entidades deberán informar sobre la existencia de inmuebles propiedad del Estado Nacional, así como sus condiciones de uso y personal afectado al mismo”.

Ahora, la Agencia tendrá como fin “ajustarse a las políticas impartidas desde el Ejecutivo en materia de administración de bienes, que contemplan el uso racional y el buen aprovechamiento de los mismos, considerándoselos de índole estratégica para el proyecto de crecimiento con inclusión social que lleva adelante el Estado nacional”.

Según el decreto, “es necesario definir el uso y destino a otorgar a los bienes, teniendo en cuenta como principios rectores la preservación del patrimonio inmobiliario, la puesta en valor de los inmuebles con foco en proyectos de desarrollo local y regional, la incorporación del valor social y la afectación de los mismos a la ejecución de políticas públicas como salud, educación, medio ambiente, producción, administración, vivienda, entre otros”.

13-8-2012

 

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