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Negocios

07/12/2012

Congreso bonaerense aprobó una polémica expropiación

La planta de autopartes exBosch había sido tomada y decidieron sacársela a los dueños.
Cooperativos. Sin luz desde hace un año, la planta está ocupada y su producción paralizada.
Cooperativos. Sin luz desde hace un año, la planta está ocupada y su producción paralizada.
Cooperativos. Sin luz desde hace un año, la planta está ocupada y su producción paralizada.

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de expropiación a la planta industrial de fabricación de autopartes en San Martin, pertenenciente a la empresa RBI. El proyecto había sido aprobado por Diputados, tras la presentación del diputado Oscar Negrelli, de la Coalición Cívica. De esta manera, la empresa pasó a formar parte de una cooperativa de trabajadores. Había recibido también el apoyo de la Cámara de Diputados de la Nación.

La empresa pertenecía a la multinacional Bosch que se había instalado en 1995. En esta empresa “se llegaron a mecanizar anualmente 7.500.000 piezas de aluminio, aprovechando dos ventajas comparativas con respecto al Brasil: una, la calidad y el precio del aluminio argentino; la otra, la calidad de la mano de obra y de los procesos productivos. (…) Bosch-San Martín, por otra parte, cumplía con todas las normas internacionales de calidad exigidas por las terminales automotrices, incluidas las de protección al medio ambiente”, según se detalló en el proyecto.

Debido a la crisis internacional y la recesión de los negocios con Brasil, en 2010 la empresa decidió el traspaso de la planta al Grupo Inversor Río Bravo, perteneciente a Pablo Espartaco Rojo, expresidente del Banco Hipotecario. Pero los problemas no terminaron allí.

En diálogo con FortunaWeb, Negrelli argumentó que ahora “la empresa queda en manos argentinas y se evita la política de vaciamiento de la exBosch”. Y dijo que no había sido tomada, sino que fue “cerrada para evitar que RBI la deje vacía al llevarse la maquinaria”.

Por su parte, Rojo criticó la decisión del Congreso. “Es un caso de inconstitucionalidad. ¿Acaso el Estado puede expropiar a cualquiera? La Comisión Parlamentaria nunca me llamó. Si no lo veía en los diarios ni me enteraba”, señaló a FortunaWeb.

“La planta estaba hipotecada.
Nosotros pagamos todos los meses. Es mentira que haya sido tomada con resolución de la asamblea, está tomada por gente que no trabajaba en la empresa”, dijo a este portal. Negó que se haya vaciado la empresa y argumentó que se trajeron “seis máquinas nuevas de otras plantas y no echamos a nadie”.

“Eso no es motivo para expropiar, el Gobierno no puede tomar una decisión así”, expresó.

 

 

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