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06/07/2017

Corrupción y empresas: aciertos y fallas de la ley

Por Mariano Joaquín Fernández* / El proyecto de Responsabilidad Penal para Personas jurídicas nació con un espíritu y los legisladores lo transformaron en otro. La polémica cláusula Odebrecht.
La inclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas en los casos de corrupción es parte de los acuerdos firmados por el país con la OCDE.

Durante las últimas semanas se debatió acaloradamente en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Dicho proyecto, enviado al Congreso en octubre de 2016, buscaba alinear la legislación nacional y sus instituciones a los requisitos establecidos por la OCDE, de forma tal de subsanar un letargo de 16 años en los que Argentina como país ratificante de la Convención de la OCDE, no había implementado una ley para combatir el soborno y delitos de funcionarios públicos en el extranjero.

En su espíritu, el proyecto concebía que la forma más apropiada de mitigar estos hechos era dotando a las empresas de políticas y procedimientos internos para prevenir y detectar delitos contra la administración pública, a tal punto que en el texto original se responsabilizaba solamente a las personas jurídicas en caso de que la comisión del delito haya sido motivo de un control “inadecuado”.

En el texto final, la responsabilidad se extendió a una amplísima variedad de delitos: sobornos, tráfico de influencias, peculado, negociaciones incompatibles, defraudación a la administración pública y más… en realidad, todos los del Código Penal.

Entre mayo y julio de 2017 las comisiones de Legislación Penal y Legislación General debatieron todos los artículos antes de llegar al recinto y votar el texto, aprobado en Diputados el miércoles 5 de julio, para luego pasar al Senado de la Nación en busca de su sanción completa.

En el camino, se eliminó y volvió a agregar el “Acuerdo de colaboración eficaz”, por el cual las empresas podían acogerse a un acuerdo confidencial para brindar información precisa tendiente a identificar a los perpetradores y recuperar los bienes producto del delito. Uno de los aspectos más controvertidos, fue la inclusión y posterior exclusión de una variante de este acuerdo por hechos anteriores a la sanción de la ley –-llamada “cláusula Odebretch”– con la intervención solamente de la Procuración del Tesoro y no el Ministerio Público Fiscal.

Las multas quedaron establecidas entre el 0,5% y el 10% de los ingresos brutos anuales –la mitad de lo propuesto en el proyecto original– pero por otra parte se incrementaron las penas para delitos de corrupción y defraudación a la administración pública.
Lo que nadie cuestionó en todo este tiempo y que realmente debe importar a las empresas en pos de adecuarse con los nuevos requerimientos, es el Programa de Integridad, sobreviviente férreo de toda discusión. Y pareciera que aun sin estar vigente la ley nos demuestra que la prevención resulta ser la medida más económica y eficaz para blindarse y protegerse de los perpetradores que puedan poner en riesgo la continuidad de los negocios y el capital reputacional.

El programa de Integridad será un familiar directo del conocido programa de cumplimiento; el Oficial de Cumplimiento incorporará otras responsabilidades a su lista de leyes y normativas por las que debe velar, hacer cumplir y mantener. El desafío para él, su equipo y la dirección será encontrar la adecuación y adaptación del programa a la realidad, dimensión y riesgos propios de la empresa.

El compromiso de la dirección, el código de ética, la evaluación integral de riesgos, creación de alertas tempranas, y los procedimientos que establezcan reglas claras y estrictas para interactuar en el sector público, serán las piezas clave del sistema de prevención de nuestras organizaciones.

*Gerente del Departamento de Business Risk Management de SMS – San Martin Suarez y Asociados

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4 pensamientos en “Corrupción y empresas: aciertos y fallas de la ley”

  1. El trabajo de un empresario es maximizar el beneficio, y los hará por todos los medios aunque suene antipático. El funcionario trabaja de otra cosa, si le ofrecen beneficios no debería aceptarlos. No veo delito del empresario pero sí del funcionario. Antes de que empiecen a rasgarse las vestiduras e insultarme, sepan que no comulgo con lo que muchos empresarios hacen. Es sólo desde el punto de vista técnico. Aclarado esto, si todavía tienen ganas de bardearme, me anticipo mandándolos a todos a la rpmqlp. Abrazo.

  2. Bueno Papá Dujovne fue muy claro sobre que hacer para maximizar el beneficio, en desmedro del interés social, y llevar adelante un proyecto nocivo, y negocio exclusivo, como Puerto Madero cargándose a todo un sector de la municipalidad que se oponía.
    El problema es que esta la ética de por medio que debe poner freno a esta anomia de sólo “maximizar el beneficio”, como un fin en sí mismo.
    Es una pobre y raquítica perspectiva de Aynd Rand del egoísmo personal como motor en sí mismo.
    De lo contrario la esclavitud, cada acto de corrupción que tiene una inevitable contraparte privada, y muchos actos viles de mero interés personal estarían justificados.

  3. La corrupción es sistémica ,hace unos cuantos años atras necesitaba 500 caballos de fuerza motríz y me hicieron una oferta un u$s por caballo , claro faltaba energía ,allí estaba la cotizacón para conseguirla ” cohecho “,qué épocas aquellas ,todavía no se han terminado .

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