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15/09/2017

Nueva ley anticorrupción: qué temen los empresarios

Por Nicolás Durrieu* / Cómo afecta a las empresas y a su personal la ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas que aprobó Diputados. Qué puede cambiar el Senado. Los puntos polémicos.
Al estilo Brasil, aunque con algunas diferencias, la Ley Penal para Personas Jurídicas involucrará a las empresas en los casos de corrupción.

El régimen de Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas, que aprobó Diputados en junio de este año, tiene como fin generar incentivos en el sector empresarial para prevenir y cooperar con la Justicia, en la comisión de delitos en los que haya participado cualquier organización. Si bien el actual proyecto abarca a todos los delitos, se descuenta que el Senado va a limitarlo a los delitos de corrupción, volviendo así al proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo.

Además tiene como objetivo cumplir con la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones comerciales Internacionales de la OCDE, organismo al cual el gobierno nacional tiene interés ingresar.

Si bien resulta sumamente importante que se sancione esta ley, algunos puntos resultan controvertidos por el empresariado ya que podrían desalentar su correcta aplicación.

El primero, es que el actual proyecto no admite la exclusión de responsabilidad de la sociedad ante un hecho de corrupción, para el caso que demuestre que se organizó debidamente para prevenir la comisión de un delito (compliance: capacitaciones, código de conducta, matrices de riesgo, auditorías, líneas de denuncia), como ocurre en otros países como Chile, España y Reino Unido. Al respecto, se destaca que es una obligación de medios al gestionar los riesgos de la empresa y no una obligación de fines, lo que se traduce en una necesidad de evitar que se produzcan.

Contrariamente, al igual que en EE.UU, el proyecto aprobado en Diputados establece una responsabilidad objetiva de la persona jurídica, es decir una responsabilidad automática por actos de sus dependientes.

Sin lugar a duda, la discusión pasa en segundo lugar cuando los miembros de la administración de la empresa estuvieren involucrados en la comisión del delito (ej. casos Odebrecht en Brasil, Enron en EE.UU. o Parmalat en Italia). Sin embargo, la diferencia resultaría importante en aquellos casos en que se le atribuya responsabilidad por hechos menores cometidos por empleados de baja jerarquía, a pesar de tener la empresa una cultura de ética y compliance. Ej. un empleado de logística o seguridad de una empresa le ofrece indebidamente productos o dinero a policías de la comisaría de la zona para estacionar un camión.

El proyecto también extiende la responsabilidad penal por defectos de organización de la empresa, a aquellos actos cometidos por otras sociedades en el marco de los acuerdos asociativos de agencia, concesión o fideicomiso y aún más preocupante, hace solidariamente responsables a las sociedades vinculadas en el exterior.

Por último, la sanción principal es de multa que va de 1 al 10% de los ingresos brutos de la sociedad, del periodo fiscal anterior a la comisión del hecho. En los casos agravados se aumenta de 10 a 20%. Se la ha criticado por excesiva y desigual en algunos casos (empresa de servicios vs. bienes), por lo que actualmente el Senado se encuentra estudiando la posibilidad de fijar la multa en base al beneficio económico obtenido.

También se establece la pena facultativa para los casos agravados, de inhabilitación para participar en licitaciones públicos y hasta la suspensión o disolución de la empresa.

Si bien el proyecto puede ser mejorado, es una de las herramientas necesarias para avanzar especialmente contra la corrupción aunque su efectividad dependerá principalmente de la voluntad de la justicia para su implementación.

*Socio de Durrieu Abogados

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3 pensamientos en “Nueva ley anticorrupción: qué temen los empresarios”

  1. “Vos podés ir en cana por cualquier motivo, incluso podés ir en cana sin motivo alguno, pero por corrupto jamás”
    Tato Bores

    Juancho:
    Nunca olvidemos que la corrupción es un delito que tiene “dos lados”.
    Que temen los empresarios?, bueno en ciertos países están muy protegidos cuando se trata de “negocios” en el exterior, (recordemos los vanos intentos de la justicia local de que comparecieran los directivos del Gigante Azul implicados en el caso de las probadas coimas de los contratos del Banco Nación por negativas judiciales del país del norte, los tribunales locales en ese entonces se desayunaron que los “acuerdos internacionales” firmados eran asimétricos).

    Lo que temerían los empresarios sería que se considerase esto como un problema dual donde hay dos partes implicadas, con una justicia más expeditiva, penas más duras, que nunca prescriba el delito y prisión preventiva efectiva en cárceles comunes mientras dure el proceso, (así se evitan las clásicas chicanas que prorrogan todo por años y en que la práctica actual terminan en prescripciones).

    De lo contrario inclusive este delito les sirve como un excelente instrumento para “domar” al poder político.
    Por ejemplo Temer no estaría todavía donde esta si no es funcional a un poder económico que lo controla, (ver con que celeridad y decisión sacó las controvertidas leyes laborales que pedían los grupos empresariales), y él sabe muy bien que si se retoba en unas pocas horas estará acabado y en la cárcel.
    En España, que no es ejemplo alguno de políticas anticorrupción, el caso de los Panamá Papers le costó el puesto a un Ministro de Industria, acá te habrás enterado están todos pegados pero no pasa nada.
    En un país donde podés terminar disfrutando de una vista al Rio de La Plata en Ciudad Universitaria colgado de una torre, o con munición calibre 7.65 en la cabeza en Cariló, o en varios casos sufriendo extraños accidentes aéreos, ), donde los familiares del poder de turno, (verdaderas “arañas sin pata”) manejan en forma intocables empresas con enormes activos, donde el presidente da una orden directa al BCRA de levantar en forma inmediata un millonario embargo de AFIP por evasión fiscal a un poderoso Ministro, o que el periodista que denunció el caso probado de La Nación, (donde se documentó hasta la ruta del dinero), curiosamente de un “prestigioso” centenario diario, termine pidiendo limosna en el subte vamos muy mal.

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