La IA ya no solo asiste: ahora ejecuta procesos judiciales y públicos

La frase de Lautaro Carmona, CEO de Unitech, resume un cambio de paradigma que ya está en marcha: la inteligencia artificial dejó de ser un asistente inteligente para pasar a ejecutar procesos completos en la Justicia y la administración pública. Lo que antes requería intervención humana constante ahora se resuelve con algoritmos que toman decisiones, clasifican expedientes y resuelven casos de baja complejidad.

Unitech, empresa especializada en soluciones tecnológicas para el sector público, reporta que sus plataformas de IA ya procesan millones de trámites al mes en varios países de la región. En Argentina, Chile y Colombia, los sistemas de “procesos inteligentes” automatizan desde la recepción de demandas hasta la notificación automática, reduciendo tiempos que antes se medían en meses a apenas días.

“La IA no solo asiste a la Justicia: ahora también ejecuta procesos”, afirmó Carmona en una entrevista reciente. Según sus datos, la adopción creció un 180% en los últimos dos años, impulsada tanto por la necesidad de descongestionar juzgados como por la presión fiscal para bajar costos operativos del Estado.

El salto cualitativo radica en el paso de herramientas de apoyo (como el reconocimiento de voz o la transcripción automática) a sistemas que toman decisiones autónomas dentro de marcos normativos predefinidos. Un ejemplo concreto son los chatbots judiciales que resuelven consultas de usuarios, generan borradores de resoluciones y hasta proponen conciliaciones en litigios de familia o reclamos de consumo.

Desde una perspectiva comparada, Argentina no está sola en esta carrera. Estonia, pionera mundial en gobierno digital, ya resuelve más del 90% de sus litigios menores mediante IA. En Singapur, el sistema “AI Judge” asiste en la valoración de evidencia y recomienda fallos que los jueces pueden adoptar o modificar. La diferencia local es que aquí la implementación se da en un contexto de alta litigiosidad y desconfianza histórica hacia las instituciones.

Carmona reconoce los riesgos. “La ejecución autónoma exige trazabilidad total y auditoría humana obligatoria en ciertos umbrales”, advierte. Por eso Unitech diseña sus plataformas con un modelo de ‘human-in-the-loop’ para casos por encima de determinada complejidad o monto. La empresa también invierte en explicabilidad: cada decisión de la IA debe poder ser desglosada paso a paso para que un juez o funcionario pueda revisarla.

En el ámbito fiscal y administrativo, la transformación es aún más disruptiva. Sistemas de IA están cruzando bases de datos de AFIP, ANSES y registros provinciales para detectar inconsistencias, predecir incumplimientos y hasta generar boletas de deuda de manera automática. En una provincia del interior, un piloto redujo un 65% el tiempo de resolución de expedientes de permisos de construcción.

El dato no es menor para el inversor y el empresario: la modernización del Estado con IA implica menos filas, menos tiempos muertos y, potencialmente, menor corrupción por discrecionalidad. Pero también plantea preguntas regulatorias que aún no tienen respuesta clara. ¿Quién responde cuando una IA comete un error que genera daño? ¿Cómo se protege la privacidad cuando los algoritmos entrenan con millones de expedientes reales?

Carmona es optimista pero cauto. “La IA ejecutora no reemplaza al juez ni al funcionario; redefine su rol hacia la supervisión de alto nivel y la resolución de casos complejos”, sostiene. En su visión, dentro de cinco años la mayoría de los trámites administrativos y una porción significativa de los judiciales de primera instancia se resolverán sin que un ser humano intervenga en cada paso.

Para el lector argentino acostumbrado a trámites eternos, la promesa suena casi utópica. Sin embargo, los números de Unitech y de otras empresas del sector muestran que el cambio ya no es experimental: es operativo. La pregunta que queda abierta es si el marco legal y la capacitación de los operadores públicos acompañarán la velocidad de la tecnología o si, como suele ocurrir, la regulación llegará tarde y a los tropezones.

Lo cierto es que la modernización del Estado con procesos inteligentes ya no es una promesa futurista. Millones de usuarios en la región la están usando hoy. Y, según Carmona, solo estamos en el comienzo de la curva.