AySA: la privatización se cerrará el 13 de noviembre pero persisten dudas sobre el fondo extranjero
El Gobierno adjudicó el 90% de la compañía de agua y saneamiento por US$340,2 millones a un consorcio integrado por cuatro firmas, entre las que aparece una sociedad neerlandesa ligada a un fondo con base en Curaçao cuya controlante final se desconoce.
El 13 de noviembre se firmará la transferencia del 90% de AySA al consorcio ganador de la licitación, según la información publicada originalmente por Tiempo Argentino el 21 de octubre de 2026. La operación se cerró por US$340,2 millones y marca uno de los primeros pasos concretos del actual Gobierno en materia de privatizaciones de empresas de servicios públicos.
La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino — Economía el 21 de octubre de 2026. El consorcio está integrado por cuatro sociedades, una de las cuales es una firma neerlandesa que, a su vez, se encuentra vinculada a un fondo con sede en Curaçao. Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad del beneficiario final de ese vehículo offshore, lo que genera interrogantes sobre la transparencia del proceso y el perfil real de los nuevos controlantes.
Desde el punto de vista fiscal, la venta implica una reducción del déficit del sector público al aliviar la necesidad de transferencias del Tesoro a la empresa, que históricamente ha requerido subsidios crecientes. Sin embargo, el monto abonado representa apenas una fracción del valor de reposición de la red de agua y cloacas que AySA opera en el AMBA, lo que sugiere que el Estado conservará una parte importante de los riesgos operativos o deberá renegociar el marco regulatorio.
La incógnita sobre el fondo de Curaçao no es menor. En economías emergentes como la argentina, la participación de vehículos offshore opacos en la compra de activos regulados suele levantar alertas regulatorias, tanto por posibles conflictos de interés como por la capacidad real de los nuevos dueños para realizar las inversiones que el contrato de concesión exigirá en los próximos años.
El calendario marca que en menos de un mes se completará la operación. Hasta entonces, el Gobierno deberá definir cómo se estructurará la participación minoritaria restante y qué mecanismos de control tarifario y de inversión se aplicarán. La experiencia pasada con privatizaciones de servicios públicos muestra que la calidad del marco regulatorio posterior suele ser más relevante que el precio de venta inicial.
Desde el punto de vista macro, la entrada de divisas por USD 340 millones contribuirá de manera marginal a la acumulación de reservas, pero no resuelve el desafío estructural de financiamiento del sector de agua y saneamiento. El verdadero test será si los nuevos accionistas cumplen con el plan de inversiones comprometido o si, como ocurrió en otros casos, terminan requiriendo ajustes tarifarios extraordinarios o renegociaciones contractuales.
La falta de claridad sobre el controlante último del fondo extranjero añade un elemento de incertidumbre política y jurídica que podría complicar la futura relación entre el regulador y la empresa concesionada. En un contexto donde la credibilidad institucional sigue siendo un activo escaso, la opacidad en la identificación de los beneficiarios finales no ayuda a construir confianza.