Nafta más barata: el plan del Gobierno para bajar hasta 17% el precio de los combustibles

El Gobierno nacional está evaluando un conjunto de medidas que podrían llevar a una baja de hasta el 17% en el precio de los combustibles a partir de septiembre. El objetivo central es doble: profundizar la tendencia a la baja de la inflación y aliviar los costos operativos de sectores clave como el transporte, la logística y la producción agropecuaria.

Según fuentes oficiales consultadas, la iniciativa contempla una combinación de alivio impositivo transitorio, revisión de los precios de los biocombustibles y eventuales ajustes en los márgenes de las petroleras. La magnitud de la rebaja —que oscilaría entre 10% y 17% según el tipo de combustible y la región— dependerá de cómo evolucionen las variables internacionales del crudo y el tipo de cambio en las próximas semanas.

Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de contención de precios que ya mostró resultados en alimentos y tarifas reguladas. Con la inflación núcleo bajando mes a mes, el Ejecutivo busca evitar que los combustibles actúen como un ancla alcista en la canasta de transporte, que tiene alto peso en el Índice de Precios al Consumidor.

Desde el punto de vista macro, una reducción significativa en el precio de las naftas tendría impacto fiscal acotado si se compensa con mayor recaudación por mayor consumo y actividad. Históricamente, los ajustes en combustibles han sido procíclicos: subas fuertes en épocas de alta inflación y, más raramente, bajas coordinadas cuando el contexto lo permite.

El antecedente más cercano es la experiencia de 2020-2021, cuando el congelamiento de precios de naftas y gasoil durante la pandemia generó distorsiones en el mercado interno y faltantes puntuales. Esta vez, el enfoque parece ser gradual y condicionado a la evolución del precio internacional del Brent, que en las últimas semanas ha mostrado cierta estabilidad por debajo de los 80 dólares el barril.

Para el sector de transporte de cargas y pasajeros, una baja de este calibre representaría un alivio inmediato en sus costos variables, que podrían trasladarse parcialmente a tarifas y fletes. En el agro, el gasoil más barato incidiría directamente en la campaña de siembra gruesa que se inicia en los próximos meses.

Sin embargo, no todo es favorable. Las petroleras ya advirtieron que una intervención fuerte en precios podría desincentivar las inversiones en upstream, especialmente en Vaca Muerta, donde los proyectos de shale requieren precios sostenidos para mantener el ritmo de perforación. El Gobierno buscaría equilibrar esta tensión con incentivos fiscales selectivos.

Desde una perspectiva comparada, Argentina no es el único país emergente que está interviniendo en el mercado de combustibles. Brasil, por ejemplo, ha usado su fondo de estabilización para amortiguar los picos del petróleo, mientras que en Chile el mecanismo de la banda de precios ha operado con resultados mixtos. La clave en cada caso ha sido la sostenibilidad fiscal del subsidio implícito.

En el corto plazo, la medida —si se concreta— contribuiría a anclar expectativas inflacionarias de cara a los últimos meses del año. Con una meta de inflación acumulada que el equipo económico quiere mantener por debajo del 2% mensual promedio en el segundo semestre, cada punto que se pueda restar al componente transporte cuenta.

Queda por ver si la baja se implementará por decreto, mediante acuerdo de precios o a través de una combinación de ambos instrumentos. Lo que parece claro es que el Ejecutivo prioriza, por ahora, la estabilidad de precios por sobre la señal de libre mercado en un rubro tan sensible para el bolsillo de las familias y la competitividad de las empresas.