Alarma en deliverys: la deuda por préstamos crece y golpea a repartidores

El Sindicato de Trabajadores de Deliverys y Apps (STDA) emitió un comunicado en el que advierte sobre la crítica situación financiera que enfrenta una porción significativa de sus afiliados. Según datos que el gremio recopiló de sus bases, más del 35% de los repartidores registra deudas por préstamos personales o financiaciones de motos y celulares contraídos para poder trabajar.

La combinación de ingresos volátiles —dependientes de la cantidad de pedidos y las comisiones variables de las plataformas— con tasas de interés que en muchos casos superan el 80% anual terminó generando un círculo vicioso de refinanciaciones. “Muchos compañeros están pagando cuotas que superan el 40% de lo que ganan en un mes promedio”, señaló el secretario general del sindicato, quien pidió al Gobierno medidas concretas de alivio financiero y regulación de las condiciones crediticias.

El problema no es nuevo, pero se agravó en los últimos 18 meses. La inflación acumulada erosionó el poder adquisitivo real de las comisiones, mientras que el costo del mantenimiento de las motos y la necesidad de renovar equipos tecnológicos empujaron a miles de trabajadores a endeudarse. Fuentes del sector estiman que el endeudamiento promedio por repartidor ronda los $1,2 millones, un monto que a tipo de cambio blue equivale a casi tres meses de ingresos brutos.

Desde el punto de vista macro, este fenómeno ilustra un problema más amplio: la dificultad de los hogares de ingresos medios y bajos para absorber shocks de costos en un contexto de alta inflación y crédito caro. En economías emergentes como la nuestra, el endeudamiento en moneda local con tasas reales elevadas suele terminar en defaults masivos cuando el ciclo de ingresos se contrae, tal como ocurrió en Brasil entre 2015 y 2016 con los motoboys.

El sindicato propuso tres medidas concretas: una línea de crédito blanda a través de entidades públicas con tasa subsidiada, una moratoria de seis meses para deudas contraídas durante la pandemia y la obligatoriedad de que las apps de delivery aporten a un fondo de contingencia para situaciones de sobreendeudamiento. Hasta el momento, ni el Ministerio de Trabajo ni el Banco Central han respondido formalmente al pedido.

Desde el lado de las plataformas, Uber Eats, Rappi y PedidosYa sostienen que no son empleadores directos y que los repartidores son “socios independientes” que gestionan su propia economía. Sin embargo, el gremio insiste en que las comisiones y algoritmos de asignación de pedidos terminan condicionando fuertemente los ingresos reales.

Vale separar dos dimensiones del problema. Por un lado, el endeudamiento individual, que requiere soluciones de política social y crediticia. Por el otro, la sostenibilidad del modelo de negocios de las apps, que externaliza gran parte de los costos laborales y de capital a los trabajadores. Resolver solo uno de los dos aspectos deja el otro intacto.

El dato relevante acá es que, según el último relevamiento del INDEC sobre condiciones de vida, el porcentaje de hogares que destina más del 30% de sus ingresos al pago de deudas creció 8 puntos en los últimos dos años. Los deliverys no son una anomalía, sino un caso extremo visible de una tendencia más generalizada.

Antes de sacar conclusiones apresuradas, conviene recordar que el sector de delivery creció explosivamente durante la pandemia y que muchos trabajadores ingresaron sin experiencia previa en gestión financiera personal. La falta de educación financiera combinada con el fácil acceso al crédito digital (las famosas “fintech”) explica gran parte del stock de deuda actual.

El desafío para las autoridades es encontrar un punto de equilibrio: proteger a los trabajadores sin desincentivar la actividad ni generar un precedente de rescate masivo que luego se repita en otros sectores. La historia argentina muestra que los alivios sin corrección de incentivos suelen postergar el problema en lugar de resolverlo.

Por ahora, el silencio oficial contrasta con la urgencia que expresan los repartidores en las asambleas barriales y en los grupos de WhatsApp. Si no se actúa con rapidez, el próximo dato que podría aparecer es un aumento significativo en los pedidos de quiebras personales o en los reclamos judiciales por deudas impagas.