Cuba abre las empresas privadas a la inversión extranjera: qué cambian las 176 reformas

El anuncio del Gobierno cubano este miércoles no pasó desapercibido en los circuitos que siguen la geoeconomía de América Latina. Por primera vez, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) y las cooperativas no agrícolas podrán recibir inversión extranjera directa sin necesidad de constituir una empresa mixta con el Estado. Es uno de los 176 lineamientos aprobados en junio por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero recién ahora se explicita su alcance práctico.

Quien haya seguido la trayectoria cubana desde el “modelo de actualización” lanzado en 2011 reconocerá aquí una evolución, no una ruptura. Aquellas reformas de Raúl Castro ya habían abierto espacio a la iniciativa privada, pero con límites estrictos y bajo supervisión estatal. Lo que se presenta ahora es un paso más: una invitación explícita al capital extranjero a asociarse con actores no estatales. El objetivo declarado es atraer divisas, tecnología y mercados externos en un contexto de crisis crónica, sanciones estadounidenses endurecidas y turismo todavía por debajo de los niveles prepandemia.

El precedente vietnamita y los límites cubanos

La comparación con Vietnam es inevitable y, al mismo tiempo, engañosa. Hanói combinó apertura a la inversión extranjera con mantenimiento del control político del Partido Comunista y una secuencia muy clara de reformas institucionales. Cuba, en cambio, avanza en un entorno de menor holgura fiscal, con una dolarización de facto de la economía y una burocracia que todavía ve en cada apertura un riesgo de pérdida de control. Diego Rodrik recordaría aquí que la “paradoja de la globalización” exige que cada país preserve espacio de política nacional; la pregunta es si La Habana está creando ese espacio o simplemente aliviando presiones externas.

Las nuevas reglas permitirían a una mipyme cubana asociarse con un inversor español, canadiense o incluso chino sin que el Estado sea socio obligatorio. Eso, en teoría, reduce el riesgo de expropiación implícita que muchas empresas mixtas han sufrido en la última década. Pero el detalle institucional importa: ¿qué garantías regulatorias habrá para el repatriamiento de utilidades? ¿Cómo se resolverán disputas contractuales en un sistema judicial que carece de independencia? El Gobierno habló de “marco jurídico estable”, pero hasta ahora los inversores extranjeros en Cuba han aprendido que la estabilidad es relativa.

Bajada local: lecciones para quien mira desde Buenos Aires

Argentina y Cuba comparten poco en términos de tamaño, inserción global o dotación de recursos. Sin embargo, ambos países han ensayado en las últimas décadas experimentos de apertura selectiva y proteccionismo estructural con resultados mixtos. La experiencia cubana actual recuerda, en su lógica, los intentos argentinos de atraer inversión extranjera directa sin resolver antes los problemas macro que ahuyentan al capital: inconsistencia de señales, superposición de regulaciones y desconfianza mutua entre Estado y sector privado.

Quien haya leído a Hirschman en Salida, voz y lealtad encontrará aquí un caso ilustrativo: cuando el Estado cubano limita la “salida” (emigración de talento y capital) pero no genera suficiente “voz” (participación real del sector privado en las decisiones), termina dependiendo de lealtades forzadas o de capitales que solo entran con primas de riesgo muy altas. La apertura a la inversión extranjera en mipymes es, en ese sentido, un intento de ampliar las opciones sin perder el control político central.

Qué sigue y qué no se dijo

El paquete de reformas incluye también mayor autonomía para las empresas estatales, revisión de subsidios cruzados y un intento de descentralizar decisiones que antes se tomaban exclusivamente en La Habana. Pero el comunicado oficial evitó mencionar dos temas críticos: la unificación cambiaria real (Cuba sigue operando con un tipo de cambio oficial irreal para muchas transacciones) y la posibilidad de que inversores cubanos en el exterior —la diáspora— puedan invertir en la isla sin ser tratados como extranjeros. Omitir estos puntos sugiere que el proceso será gradual y, sobre todo, controlado.

Desde la perspectiva de los mercados emergentes, Cuba está haciendo lo que varios países hicieron antes: usar la inversión extranjera como válvula de escape cuando el modelo de acumulación interna se agota. La diferencia está en el punto de partida: mientras Vietnam partió de una pobreza extrema y una guerra reciente, Cuba parte de un capital humano alto, una base industrial degradada y un contexto geopolítico que sigue marcado por el embargo estadounidense.

El anuncio de esta semana no resuelve la crisis cubana. Pero sí redefine sus términos: ya no se trata solo de permitir más paladares privados o taxis por cuenta propia. Se trata de admitir que el capital extranjero puede entrar también por la puerta del sector no estatal. En una isla donde durante décadas el Estado fue casi el único empleador y el único inversor, ese giro es más profundo de lo que parece. Queda por ver si será suficiente para revertir el estancamiento o si, como en otros experimentos latinoamericanos, terminará diluyéndose entre la retórica y la realidad.