El sector privado cubano crece en medio de la crisis: más comercios, más desigualdad

El dato es elocuente: desde que el gobierno cubano autorizó en 2021 la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el sector privado pasó a controlar más del 50% del comercio minorista del país. Lo que empezó como una válvula de escape ante la profunda crisis económica se transformó en un cambio estructural que, aunque limitado, está reconfigurando la distribución de bienes y servicios en la isla.

Según cifras oficiales y estimaciones independientes, las mipymes y los trabajadores por cuenta propia ya superan las 10.000 unidades activas solo en el rubro comercial. En ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Varadero, las nuevas tiendas privadas ofrecen desde productos de higiene personal hasta electrodomésticos y alimentos importados, muchas veces pagados en dólares o con transferencias desde el exterior.

La reforma que llegó tarde

La autorización de las mipymes fue parte de un paquete de medidas que el gobierno de Miguel Díaz-Canel implementó bajo presión. La combinación de la pandemia, el endurecimiento del embargo estadounidense, la caída del turismo y la crisis de Venezuela dejaron al país sin reservas ni capacidad de importación. El sector estatal, históricamente dominante, colapsó en su capacidad de abastecimiento.

En ese contexto, permitir la actividad privada no fue una opción ideológica sino una necesidad práctica. El resultado fue un boom de iniciativas: desde cafeterías y barberías hasta importadoras de ropa y repuestos. Muchas operan con capital traído por familiares en Miami, Madrid o México, lo que genera un canal de financiamiento externo que el Estado no puede replicar.

Sin embargo, el acceso a estas oportunidades no es universal. Quienes tienen conexiones con el exterior, redes familiares en el extranjero o acceso a divisas son los que logran poner en marcha un negocio. El resto de la población, que depende exclusivamente de los magros salarios en pesos cubanos, queda afuera. La brecha se amplía.

Desigualdad visible en las calles

Caminar por el Vedado o Centro Habana hoy es ver dos economías superpuestas. De un lado, tiendas con luces LED, aire acondicionado y productos que no se encuentran en las bodegas racionadas. Del otro, colas interminables frente a los mercados estatales por arroz, frijoles y aceite a precios subsidiados pero con stock irregular.

Esta dualidad no es nueva en Cuba, pero se ha acentuado. Estudios independientes, como los del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y académicos locales, señalan que el coeficiente de Gini —aunque no se publica oficialmente— habría aumentado de manera significativa desde 2020. La dolarización de facto de amplios segmentos de la economía castiga a quienes no acceden a remesas ni a ingresos en divisas.

El gobierno reconoce el problema. En los últimos meses anunció nuevas reformas que facilitan aún más la creación de mipymes, reducen trámites y prometen mayor acceso al crédito en pesos. Pero el crédito en una economía con inflación galopante y tipo de cambio oficial distorsionado tiene límites obvios.

¿Hacia un capitalismo de Estado con características cubanas?

El proceso recuerda, con sus particularidades, lo ocurrido en Vietnam y China: el Partido mantiene el control político mientras permite espacios de mercado que actúen como motor de crecimiento y alivio social. La diferencia es que Cuba parte de una base mucho más deteriorada y con una demografía envejecida y una emigración masiva de jóvenes calificados.

El desafío del gobierno es acelerar la expansión del sector privado sin perder el control del relato político ni generar una crisis social por la desigualdad creciente. Hasta ahora, la estrategia ha sido pragmática: dejar crecer donde no compita directamente con monopolios estatales estratégicos (energía, telecomunicaciones, banca, turismo de elite) y regular fuertemente donde pueda generar tensiones políticas.

Los límites del modelo

Pese al crecimiento numérico, el sector privado cubano enfrenta restricciones estructurales. La escasez de insumos locales, la dependencia de importaciones, la falta de un mercado de capitales y la incertidumbre regulatoria limitan su potencial. Muchas mipymes operan en un limbo legal donde una resolución ministerial puede cambiar las reglas de juego de un día para el otro.

Además, la concentración geográfica es notable: más del 60% de las nuevas empresas se registraron en La Habana y Matanzas. El interior del país, donde vive la mayoría de la población, sigue dependiendo casi exclusivamente del aparato estatal ineficiente.

Conclusión incómoda

El sector privado cubano está creciendo porque el Estado no puede cumplir su rol tradicional. Esa es, al mismo tiempo, su legitimidad y su límite. Mientras genere empleo, ofrezca bienes que antes no existían y canalice remesas hacia la economía real, el gobierno lo tolerará e incluso lo incentivará. Pero en el momento en que empiece a generar una clase media autónoma con demandas políticas, el margen de tolerancia puede reducirse.

Por ahora, Cuba cambia a dos velocidades: una para quienes pueden participar del nuevo sector privado y otra, mucho más lenta y dolorosa, para la mayoría que todavía espera en la cola del racionamiento. El desafío es si esta dualidad se convierte en motor de desarrollo o en semilla de fractura social irreversible.