Caputo descartó rescate oficial para deudas familiares y derivó la pelota a los bancos
Ante el salto de la morosidad en créditos personales e hipotecarios, el ministro de Economía rechazó cualquier alivio fiscal y dejó en manos de las entidades financieras la reestructuración de deudas. Las entidades ya avanzan con nuevas opciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó de plano cualquier tipo de rescate o alivio fiscal para las familias que enfrentan dificultades para pagar sus créditos. En un contexto de tasas reales altas y caída del poder adquisitivo, la morosidad bancaria viene mostrando un aumento sostenido, pero el Gobierno mantiene la línea de no intervenir con recursos públicos.
Según datos del BCRA, la mora en créditos al consumo trepó en los últimos meses y ya se acerca a niveles que preocupan a las entidades. Los bancos, por su parte, comenzaron a desplegar distintas alternativas de refinanciación: quitas, extensiones de plazos y tasas bonificadas para clientes con buen historial crediticio. La estrategia parece clara: que el sector privado absorba el costo del ajuste sin involucrar al Tesoro.
"No vamos a hacer un plan de salvataje con plata de los contribuyentes", sintetizó Caputo en off the record ante consultores. La frase, que rápidamente circuló en la City, marca una diferencia nítida con episodios previos de la historia argentina, donde el Estado intervino directamente ante crisis de endeudamiento masivo.
Desde el punto de vista macro, la decisión tiene lógica. El Gobierno busca mantener el superávit primario y evitar cualquier señal que pueda ser leída como relajamiento fiscal. Sin embargo, el costo se traslada a las familias y, en última instancia, a la rentabilidad de los bancos. Si la mora sigue subiendo, las entidades tendrán que aumentar las provisiones y eso puede terminar impactando en el crédito futuro.
Vale separar dos cosas. Por un lado, el stock de deudas contraídas durante la etapa de tasas negativas reales (2023 y primer semestre 2024). Por otro, las nuevas tomas de crédito bajo el actual régimen de tasas positivas. En el primer caso, el ajuste vía inflación ya licuó parte del capital; en el segundo, el problema es genuino: salarios que no acompañan y cuotas que pesan cada vez más.
Los bancos no se quedan quietos. Varias entidades ya lanzaron programas de "reperfilar" deudas con descuentos de hasta 30% del capital si se paga al contado o con cuotas cortas. Otros optan por alargar plazos de hipotecas UVA, reconociendo que el salto del dólar y la corrección de tarifas complicaron el servicio de la deuda.
Desde el lado de los analistas, hay miradas encontradas. Algunos celebran que se evite el "moral hazard" de socializar pérdidas privadas. Otros advierten que, si no hay algún canal de alivio ordenado, el aumento de la morosidad puede derivar en una contracción más fuerte del crédito, con impacto negativo sobre el consumo y la actividad.
La experiencia internacional es mixta. En Estados Unidos durante la crisis subprime de 2008, el Estado intervino masivamente. En Brasil post-2015, los bancos fueron obligados a reestructurar deudas sin grandes aportes fiscales. Argentina, por ahora, parece inclinarse por la segunda vía, aunque con un mercado de crédito mucho más chico y frágil.
El dato relevante acá es que el Gobierno no quiere volver a ser parte del problema. Después de años de emisión para subsidiar tasas y de rescates encubiertos vía BCRA, la nueva administración marca un límite. Queda por ver si los bancos tienen la capacidad y el incentivo para absorber el golpe sin trasladarlo todo al spread y al racionamiento de crédito.
Antes de sacar conclusiones apresuradas, conviene monitorear los próximos informes de morosidad del BCRA. Si la tendencia se acelera, la presión para alguna forma de intervención —aunque sea indirecta— seguramente va a crecer. Por ahora, la pelota está del lado de las entidades financieras.
