Cierre de FATE: audiencia, marcha a La Plata y definiciones judiciales mantienen vivo el conflicto

El conflicto por el cierre de la planta de FATE en La Plata entró en una nueva fase de alta tensión. Tras la decisión de la empresa de cesar sus operaciones en la histórica fábrica de neumáticos, el sindicato mantiene una medida de fuerza que ya lleva varias semanas y que, lejos de enfriarse, se reactivó esta semana con una audiencia conciliatoria, una marcha prevista para el jueves hacia la gobernación bonaerense y resoluciones judiciales que mantienen el pulso del enfrentamiento.

Desde el gremio denuncian que la compañía estaría intentando retirar bienes y maquinaria de la planta, algo que interpretan como un intento de vaciamiento que complicaría cualquier posibilidad de reconversión o continuidad productiva. “No vamos a permitir que se lleven lo que es de los trabajadores”, sostuvieron fuentes sindicales, que además alertan sobre lo que consideran una estrategia de criminalización de la protesta.

La situación judicial también evoluciona. En las últimas horas se registraron definiciones de la Justicia laboral que, sin resolver de fondo el conflicto, imponen límites a ambas partes y obligan a continuar el diálogo. Una de las resoluciones ratifica la prohibición de despidos durante el período de conciliación obligatoria, mientras que otra advierte sobre posibles sanciones si se comprueba que la empresa está retirando activos de manera unilateral.

Este jueves el conflicto se traslada a La Plata. Los trabajadores tienen prevista una marcha hacia la sede de la gobernación para exigir una intervención directa del gobernador Axel Kicillof. “Vamos a pedir que la provincia actúe como garante de los puestos de trabajo y evite que FATE concrete el cierre definitivo”, explicaron voceros gremiales. La convocatoria incluye a otros sindicatos y organizaciones sociales que vienen acompañando el reclamo.

El caso de FATE no es aislado. En un contexto de fuerte contracción industrial, varias plantas manufactureras han optado por el cierre o la reducción drástica de operaciones. La industria del neumático, en particular, arrastra problemas estructurales: competencia de importaciones, costos logísticos elevados y una demanda interna debilitada por la recesión. Sin embargo, los trabajadores sostienen que la planta de La Plata era rentable y que el cierre responde más a una decisión estratégica del grupo que a una imposibilidad económica real.

Desde la empresa, en tanto, se limitan a argumentar que la continuidad de la operación resultó insostenible tras años de pérdidas acumuladas y que la decisión fue tomada tras agotar todas las instancias de negociación. Fuentes cercanas a la firma indican que ofrecieron un paquete indemnizatorio superior al previsto por ley, pero que el sindicato rechazó cualquier acuerdo que implicara el cierre.

El conflicto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cómo se gestionan los cierres de empresas en la Argentina. Históricamente, estos procesos terminan en litigiosidad prolongada, ocupaciones de plantas y, en el mejor de los casos, en la aparición de cooperativas o compradores alternativos que rara vez logran mantener los niveles de empleo y productividad previos.

La marcha del jueves a La Plata será clave para medir el nivel de apoyo político que el conflicto pueda conseguir. Kicillof, que en otras oportunidades intervino en conflictos industriales de la provincia, enfrenta ahora un dilema: equilibrar la defensa de los trabajadores con la necesidad de no ahuyentar inversiones en un contexto macroeconómico ya de por sí complejo.

Por ahora, el pulso del conflicto sigue alto. La combinación de presión gremial, definiciones judiciales y la inminente movilización mantiene abierta la posibilidad de que aparezcan nuevos actores —ya sea el gobierno provincial, mediadores nacionales o eventuales interesados en la planta— que puedan destrabar un cierre que, por el momento, nadie parece dispuesto a aceptar sin pelea.