El misterio de El Palacio de la Papa Frita: quiebra, reapertura con nombre parecido y sospechas judiciales

El caso del Palacio de la Papa Frita se convirtió en uno de los misterios más comentados del sector gastronómico porteño. La cadena que durante décadas fue sinónimo de papas fritas cortadas a mano y ambiente familiar presentó su quiebra en 2023. Sin embargo, meses después apareció un local con nombre casi idéntico en un punto cercano. El juez a cargo del expediente sospecha que se trató de un vaciamiento intencional y maniobras inmobiliarias para eludir acreedores.

Según el expediente judicial al que accedió FortunaWeb, la firma original acumuló deudas por más de $400 millones, en su mayoría con proveedores y con el fisco. La sorpresa llegó cuando, tras la declaración de quiebra, un nuevo emprendimiento abrió sus puertas bajo el nombre “Palacio de la Papa Frita by…” con un logo y decoración muy similar. Los exempleados y algunos acreedores alertaron al juez sobre la posible continuidad encubierta del negocio.

El magistrado ordenó medidas de prueba y pericias para determinar si hubo transferencia de activos, uso indebido de marca o un simple caso de “marca similar” que nada tiene que ver con la anterior. Hasta el momento, los dueños del nuevo local sostienen que se trata de un emprendimiento independiente que solo rinde homenaje a la tradición del rubro. Los abogados de los acreedores, en cambio, hablan de un “vaciamiento clásico”: se vacía la sociedad original de bienes tangibles e intangibles y se continúa la actividad bajo otra razón social.

¿Qué dice la pericia contable?

La pericia ordenada por el juzgado reveló que la sociedad quebrada había vendido, poco antes de la cesación de pagos, dos inmuebles clave en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos estaba ubicado a pocas cuadras del local histórico. El dinero de esas operaciones no ingresó a la masa concursal. Además, la marca “Palacio de la Papa Frita” había sido licenciada a la nueva sociedad por un monto irrisorio, según consta en el expediente.

Desde el punto de vista del inversor o del emprendedor que observa el caso, este tipo de situaciones genera preguntas incómodas. ¿Cómo se protege un acreedor cuando el deudor cambia de “cáscara societaria”? ¿Qué valor real tiene una marca registrada si después se la puede replicar con mínimas variaciones? En el mercado de capitales, estos casos sirven como recordatorio de que el riesgo regulatorio y contractual en Argentina muchas veces pesa más que el riesgo de mercado.

El ángulo del inversor concreto

Si tenés exposición a fideicomisos inmobiliarios, a sociedades gastronómicas o simplemente estás evaluando invertir en pymes del sector servicios, este expediente ofrece varias lecciones. Primero: la separación patrimonial entre sociedades no siempre es tan estanca como parece. Segundo: las marcas registradas requieren defensa activa; si no se actúa rápido, se diluyen. Tercero: antes de comprar un local “histórico” o una marca con tradición, conviene chequear el historial concursal de los anteriores dueños.

El caso sigue en investigación. El juez ya trabó medidas cautelares sobre los bienes de los antiguos socios y citó a indagatoria a los responsables del nuevo emprendimiento. Mientras tanto, los clientes siguen yendo a comer papas fritas al local que, para muchos, sigue siendo “el de siempre”.

Lo que muchos inversores y dueños de pymes no quieren ver es que este tipo de maniobras, aunque a veces sean legales en los bordes, terminan dañando la confianza en todo el ecosistema. Cuando un juez sospecha vaciamiento, el mensaje que queda es claro: la creatividad societaria tiene límites y el fuero comercial los está vigilando con más atención que antes.

Pongamos números: la quiebra involucra más de 180 acreedores y un pasivo declarado superior a los $420 millones a valores de 2023. La nueva sociedad, según sus balances preliminares, facturó en los primeros seis meses más de $180 millones. La diferencia entre ambos mundos es, precisamente, lo que el juez quiere explicar.