Histórico fallo contra automotrices: deberán devolver impuestos cobrados de más

Un fallo sin antecedentes en la industria automotriz argentina sacudió esta semana al sector. El Juzgado Federal de Río Grande condenó a ocho terminales a devolver a los consumidores los impuestos que, según la sentencia, cobraron de más durante años amparándose en regímenes de promoción industrial que no les correspondían del todo.

Las empresas alcanzadas son Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Stellantis (ex Fiat Chrysler), Renault, Peugeot y Mercedes-Benz. El juez federal de primera instancia entendió que las automotrices se beneficiaron con exenciones y diferimientos impositivos en Tierra del Fuego y otras zonas promovidas, pero trasladaron esos costos —o parte de ellos— al precio final de los vehículos que vendieron en todo el país.

Según la resolución, las terminales deberán reintegrar el monto correspondiente a los impuestos cobrados en exceso, más intereses. Aunque la cifra total no fue detallada públicamente, fuentes del caso hablan de montos que, sumados entre todas las compañías, podrían superar los 10.000 millones de pesos al valor histórico, actualizados por inflación e intereses.

Las automotrices ya apelaron el fallo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y, en paralelo, preparan presentaciones ante la Corte Suprema. Desde las compañías argumentan que cumplieron estrictamente con la normativa vigente al momento de fabricar y comercializar los vehículos, y que el traslado de costos impositivos al precio es una práctica habitual y transparente en la cadena de valor.

¿De qué se trata el beneficio fiscal en cuestión?

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde hace décadas, otorga exenciones en Ganancias, IVA y otros tributos a las plantas radicadas en la provincia más austral. El objetivo original era fomentar el empleo y el desarrollo regional. Sin embargo, el juez consideró que parte de esos beneficios no fueron utilizados para reducir precios al consumidor final, sino que generaron una rentabilidad extraordinaria para las terminales.

“Se trata de una apropiación indebida de un beneficio fiscal que debía redundar en favor del consumidor”, sostiene el fallo al que accedió FortunaWeb. El magistrado basó su decisión en pericias contables que compararon los precios locales con los de países sin ese tipo de regímenes y detectaron diferencias que no se justificaban solo por fletes o aranceles.

Impacto en el inversor y en el sector

Para el inversor que tiene exposición al sector automotriz —ya sea a través de acciones, bonos corporativos o fondos que incluyen ADRs de las matrices—, el fallo genera incertidumbre. Aunque las terminales locales no cotizan directamente en BYMA, varias de ellas forman parte de grupos que sí lo hacen en Wall Street. Un eventual pago masivo de retroactivos podría afectar los resultados de los próximos ejercicios y, por ende, los flujos de dividendos.

Desde el lado de las concesionarias y el consumidor final, el precedente abre la puerta a posibles demandas colectivas. Si el fallo se confirma en las instancias superiores, podría replicarse en otras industrias que gozan de regímenes promocionales (electrónica, software, minería).

¿Qué pueden hacer las automotrices ahora?

Las empresas tienen dos caminos principales: demostrar en la apelación que los beneficios fiscales sí se trasladaron a precios más bajos (algo que varias ya intentaron probar con estudios de precios comparados) o buscar un acuerdo con el Estado para morigerar el impacto. Fuentes del sector indicaron a este medio que no descartan una negociación extrajudicial con la AFIP y el Ministerio de Economía para evitar un desembolso que, actualizado, podría poner en jaque la rentabilidad de varios años.

Camila Llorente, especialista en finanzas y mercados, señala: “Más allá del monto en sí, lo relevante es el precedente. Cuando un juez federal decide que un beneficio fiscal no se usó para bajar precios sino para aumentar margen, se abre un canal de litigiosidad que el sector productivo argentino no había visto hasta ahora. Conviene que inversores con posiciones en industrias promocionadas revisen los balances de las matrices y sigan de cerca la evolución de la Cámara y, eventualmente, de la Corte”.

El caso recién empieza. Mientras las terminales preparan sus recursos, los abogados de los demandantes (en su mayoría asociaciones de consumidores y particulares) ya anticipan que buscarán la ejecución parcial de la sentencia o, al menos, el embargo de bienes como medida cautelar. El resultado final tardará meses, tal vez años, pero ya cambió el tablero de cómo se interpretan los regímenes de promoción en la Argentina.