Se derrumba una bodega emblemática por una deuda de USD 40 millones con casi 370 acreedores

Una de las bodegas más emblemáticas del país se encuentra al borde del colapso. Con deudas que superan los USD 40 millones y casi 370 acreedores en fila, la empresa inició un concurso preventivo de acreedores que expone tanto la fragilidad del sector vitivinícola como los riesgos de la sucesión familiar mal resuelta.

Según los detalles presentados ante el juzgado comercial, el pasivo total asciende a unos USD 40 millones, de los cuales una porción significativa corresponde a deudas con proveedores de insumos, bancos, cooperativas y exportadores. La lista de acreedores supera las 360 personas y empresas, lo que convierte al caso en uno de los concursos más fragmentados del último tiempo en el sector.

El trasfondo es conocido pero doloroso: una disputa entre herederos que lleva años y que paralizó cualquier intento de reestructuración o capitalización. Mientras una rama de la familia busca vender activos o asociarse con inversores externos, otra se opone y reclama el control total. El resultado es una empresa que siguió operando con caja chica, acumulando deudas y perdiendo competitividad.

Un sector bajo presión

La vitivinicultura mendocina y sanjuanina enfrenta desde hace tiempo una combinación tóxica: costos en dólares crecientes, tipo de cambio real rezagado, caídas en las exportaciones y un mercado interno deprimido. Muchas bodegas medianas y grandes han recurrido al endeudamiento para mantener stock de vinos y financiar campañas. Cuando el crédito se encareció y las ventas no repuntaron, el endeudamiento se volvió insostenible.

En este caso particular, la bodega no logró renegociar a tiempo sus obligaciones ni generar los flujos necesarios para cubrir intereses. El concurso preventivo aparece como un intento desesperado de ganar tiempo, aunque con casi 370 acreedores el acuerdo de cramdown se presenta como un desafío logístico y político de primer orden.

La variable familiar

Lo que distingue este caso no es solo el monto de la deuda, sino la parálisis generada por el conflicto sucesorio. Economistas y consultores del sector coinciden en que muchas empresas familiares argentinas postergan indefinidamente la profesionalización y los protocolos de gobernanza. Cuando llega la segunda o tercera generación, la ausencia de reglas claras convierte cualquier desacuerdo en un problema existencial.

Aquí, la pelea entre herederos no solo impidió una salida ordenada, sino que generó decisiones operativas erráticas que aceleraron la hemorragia. Fuentes cercanas al expediente indican que en los últimos dos años la bodega vendió parte de su stock a precios de liquidación para cubrir gastos corrientes, deteriorando aún más su marca y su margen.

¿Qué sigue?

El juez comercial deberá ahora verificar los créditos, convocar a las asambleas y evaluar si existe viabilidad para un acuerdo. Para los acreedores, la disyuntiva es aceptar una quita importante a cambio de mantener viva la empresa o empujar hacia la quiebra y liquidación de activos. En el primer escenario, alguien (posiblemente un inversor externo) debería capitalizar la firma y resolver el conflicto familiar. En el segundo, se rematarían viñedos, tanques, marca y stock a precios de remate.

El caso vuelve a poner sobre la mesa dos problemas crónicos de la economía argentina: la dificultad de las empresas familiares para profesionalizarse y la fragilidad del sector exportador ante shocks de costos y tipo de cambio. Mientras no se resuelvan los desequilibrios macro que castigan la competitividad, casos como este dejarán de ser excepciones para convertirse en la regla.

Antes de sacar conclusiones definitivas, convendrá seguir el desarrollo del concurso en los próximos meses. La viabilidad de la bodega ya no depende solo de sus viñedos o de la calidad de sus vinos, sino de la capacidad de sus dueños —y de sus acreedores— para llegar a un acuerdo racional antes de que no quede nada para repartir.