Venezuela: 3.685 muertos por sismos y economistas piden levantar sanciones

El número de víctimas fatales por el doble sismo que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio subió a 3.685, según el último parte oficial difundido este miércoles. Se sumaron 150 fallecidos respecto al balance del lunes. Los heridos se mantienen en 16.740, los rescatados en 6.462 y las personas que perdieron su vivienda ya superan las 17.900. Las autoridades insisten en que las cifras son provisionales y que la búsqueda continúa en zonas de difícil acceso.

El desastre ocurre en un país que arrastra más de una década de colapso económico, hiperinflación, caída de la producción petrolera y fuerte escasez de divisas. En ese contexto, un grupo de economistas venezolanos y algunos analistas internacionales volvieron a plantear la necesidad de levantar, al menos temporalmente, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

"No se trata de un debate ideológico sino de pragmatismo humanitario", sostuvo un economista que pidió reserva de su nombre por temor a represalias. "La reconstrucción de infraestructura crítica —hospitales, carreteras, puertos— requiere dólares que el gobierno no tiene y que el sector privado no puede conseguir bajo el actual régimen de sanciones".

Los argumentos que se escuchan en Caracas y en algunos círculos académicos del exterior son tres. Primero, que las sanciones petroleras limitan la principal fuente de ingresos del país, lo que reduce la capacidad fiscal para responder a emergencias. Segundo, que las restricciones financieras impiden el acceso normal a financiamiento multilateral (BID, Banco Mundial) y a líneas de crédito de emergencia. Tercero, que la fragmentación del sistema financiero internacional complica las transferencias humanitarias y la importación de bienes de capital.

Datos del Fondo Monetario Internacional y de fuentes privadas coinciden en que la economía venezolana se contrajo más del 75 % entre 2013 y 2021. Aunque hubo una leve recuperación en 2022-2023 impulsada por flexibilizaciones parciales y mayor actividad informal, el PIB per cápita sigue en niveles de hace medio siglo. La producción de petróleo, que alguna vez superó los 3 millones de barriles diarios, ronda hoy los 800.000, muy por debajo de la capacidad instalada.

Desde el punto de vista macro, Venezuela enfrenta una restricción externa crónica. Sin acceso pleno al mercado de capitales y con reservas internacionales netas negativas según varias estimaciones, cualquier shock negativo —como este terremoto— agrava la brecha entre necesidades y recursos disponibles. Economistas como Francisco Rodríguez, exfuncionario de la Asamblea Nacional opositora, han argumentado en papers recientes que el levantamiento selectivo de sanciones podría generar un "dividendo humanitario" sin alterar el núcleo del conflicto político.

Sin embargo, el debate no es unánime. Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sostienen que las sanciones son la causa principal de todos los males y que su levantamiento debería ser incondicional. En Washington y Bruselas, en cambio, se argumenta que las medidas están dirigidas a personas y entidades específicas involucradas en violaciones de derechos humanos y corrupción, y que cualquier alivio debe estar atado a avances democráticos verificables.

La tragedia sí ha generado gestos concretos. La Cruz Roja Internacional, Cáritas y varios países de la región ya enviaron ayuda de emergencia. Pero los organismos multilaterales enfrentan limitaciones legales para canalizar fondos mayores mientras las sanciones sigan vigentes en su forma actual. Un informe reciente del Instituto de Finanzas Internacionales estimaba que Venezuela necesitaría al menos USD 4.000 millones solo para la reconstrucción inicial de la zona afectada.

Desde el punto de vista cambiario, el tipo de cambio paralelo se disparó en las últimas 48 horas ante la expectativa de mayor demanda de dólares para importar insumos médicos y materiales de construcción. El Banco Central ha tenido que intervenir con reservas escasas para moderar la corrida.

El caso venezolano vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en América Latina: cómo separar el debate humanitario del debate político cuando un desastre natural golpea a un país ya en crisis prolongada. La historia regional muestra ejemplos mixtos. Después del terremoto de Haití en 2010, la condonación de deuda y el flujo de ayuda no lograron generar un punto de inflexión en el desarrollo. En Chile 2010, en cambio, la fuerte institucionalidad fiscal permitió absorber el shock del terremoto de febrero sin comprometer la solvencia soberana.

Venezuela no se parece a ninguno de esos dos casos. Su problema no es solo de gobernanza de la catástrofe sino de gobernanza de la economía en tiempos normales. Por eso, aunque el llamado a levantar sanciones gana volumen después de cada tragedia, su efectividad dependerá de si se articula con reformas internas creíbles que hoy parecen lejanas.

Mientras tanto, los rescatistas siguen trabajando entre los escombros y las familias damnificadas esperan respuestas que, por ahora, llegan con cuentagotas.