Alarma en el sector de deliverys: la ola de deudas por préstamos golpea a los repartidores

El Sindicato de Trabajadores de Deliverys y Afines (SITRADEL) emitió un comunicado en el que advierte sobre la creciente deuda que acumulan miles de repartidores que operan a través de plataformas como PedidosYa, Rappi y Uber Eats. Según datos que el gremio recopiló de sus afiliados, más del 40% de los trabajadores registra al menos un préstamo personal impago, con tasas de interés que en muchos casos superan el 100% anual.

La situación se agravó en los últimos 18 meses. Tras el boom post-pandemia, cuando miles de personas se volcaron al delivery como salida laboral frente a la caída del empleo formal, el sector enfrentó una fuerte compresión de ingresos. El aumento de la competencia, las comisiones fijas de las apps y la inflación que erosiona el poder adquisitivo del pago por entrega generaron un círculo vicioso: para cubrir gastos corrientes (nafta, mantenimiento de moto, celular y seguro), muchos recurrieron a créditos rápidos ofrecidos por fintechs o bancos tradicionales.

"No es un problema individual, es estructural", señaló el secretario general del SITRADEL en diálogo con este medio. "Los repartidores están endeudados para poder seguir trabajando. Muchos pagan cuotas que les dejan menos de la mitad de lo que ganan por día. Esto genera estrés, accidentes por trabajar más horas y, en casos extremos, abandono de la actividad".

Desde el punto de vista macro, el fenómeno no sorprende. La economía argentina acumuló en los últimos años una fuerte expansión del crédito al consumo, impulsada por tasas reguladas y por la necesidad de las familias de sostener el consumo en un contexto de alta inflación. Según datos del BCRA, el stock de préstamos personales creció por encima del 60% interanual en 2023-2024, aunque en términos reales se contrajo. El problema es que los ingresos de los deliverys, en gran parte informales o monotributistas de categoría baja, no siguieron el mismo ritmo.

El sindicato pidió al Gobierno nacional y a las administraciones porteña y bonaerense tres medidas concretas: una línea de refinanciación de deudas con tasas subsidiadas, la regulación de las comisiones máximas que pueden cobrar las plataformas y un esquema de aportes jubilatorios simplificado que permita a los repartidores acceder a beneficios sociales sin perder flexibilidad horaria.

Hasta ahora, la respuesta oficial fue tibia. Fuentes de la Secretaría de Trabajo indicaron que el tema está en análisis, pero que cualquier intervención debe respetar la libertad de contratación entre las apps y sus trabajadores, un debate que sigue abierto desde la fallida ley de delivery que se intentó impulsar en 2022.

Desde el lado de las plataformas, PedidosYa y Rappi sostuvieron que no son empleadores directos sino intermediarios y que ofrecen herramientas de capacitación financiera a sus repartidores. Sin embargo, admiten en off the record que la rotación de personal aumentó en los últimos trimestres y que la morosidad de los deliverys impacta indirectamente en la calidad del servicio.

El caso argentino replica, con matices, lo ocurrido en otros países de la región. En México y Colombia, sindicatos de delivery también alertaron sobre sobreendeudamiento ligado a microcréditos. La diferencia local es la magnitud de la inflación, que acelera el deterioro del ingreso real y hace que un préstamo de $300.000 a 12 meses se convierta rápidamente en una carga impagable.

Antes de sacar conclusiones apresuradas, vale separar dos cosas. Por un lado, la flexibilidad del delivery permitió absorber parte del desempleo post-2020, algo positivo. Por el otro, esa misma flexibilidad viene acompañada de baja protección social y de ingresos volátiles que facilitan el endeudamiento. Resolver solo el problema de la deuda sin tocar la estructura de ingresos y costos del sector corre el riesgo de ser un parche.

El dato relevante acá es que, según el último relevamiento del INDEC sobre condiciones de vida, los monotributistas sociales y trabajadores informales del sector servicios fueron los que más recurrieron al crédito caro en 2024. Si el Gobierno decide intervenir, deberá hacerlo con instrumentos quirúrgicos: refinanciación focalizada, educación financiera obligatoria para las apps y, quizás, un piso mínimo de ingreso por kilómetro recorrido que evite la competencia destructiva.

Mientras tanto, miles de repartidores siguen saliendo a la calle con una mochila financiera cada vez más pesada. La alarma ya está encendida. Queda por ver si alguien en el Estado decide escucharla con seriedad.