ARCA amplía obligatoriedad de facturación electrónica desde julio: quiénes deben sumarse

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanza en la digitalización del sistema tributario. A través de una resolución general que modifica el régimen de facturación, la agencia obliga a nuevos sujetos a emitir facturas electrónicas a partir de julio de este año. La medida busca simplificar la confección de declaraciones juradas y reducir la brecha de información entre contribuyentes y el fisco.

Según el texto oficial, los nuevos obligados incluyen a ciertos monotributistas de categorías superiores, pequeños contribuyentes que hasta ahora utilizaban factura manual o preimpresa, y algunos responsables inscriptos en regímenes simplificados que superan determinados umbrales de facturación anual. La resolución también alcanza a un grupo de profesionales y prestadores de servicios que operaban con comprobantes en papel.

Desde el punto de vista macro, esta ampliación se inscribe en la tendencia de los últimos años de reducir el uso de papel y mejorar la trazabilidad de las operaciones. En Argentina, la facturación electrónica ya representa más del 85% del total de comprobantes emitidos, según datos del propio organismo. El salto que se busca ahora es cerrar los últimos bolsillos de informalidad o de registro manual que distorsionan las estadísticas fiscales.

Quiénes quedan alcanzados

Los principales grupos que deberán adaptarse son:

• Monotributistas de las categorías D a H que superen los $12 millones de facturación anual.
• Responsables inscriptos que emitan comprobantes por montos superiores a $5 millones al año y aún no estén adheridos al régimen electrónico.
• Prestadores de servicios digitales y profesionales independientes que facturen a empresas grandes.

Para estos sujetos, el plazo de implementación comienza el 1° de julio. Aquellos que no cumplan enfrentarán multas y la imposibilidad de deducir gastos en sus declaraciones juradas.

Simplificación de declaraciones juradas

Uno de los argumentos centrales de la resolución es la simplificación administrativa. Al contar con mayor información automática, la AFIP podrá precargar datos en las declaraciones juradas de IVA e Impuesto a las Ganancias, reduciendo errores y tiempos de liquidación. Esto, en teoría, debería bajar los costos de cumplimiento para los contribuyentes que se digitalicen correctamente.

Sin embargo, no todo es ganancia. Pequeños profesionales y monotributistas de categorías medias que hasta ahora operaban con bajos volúmenes deberán invertir en software homologado o adherirse a la factura electrónica gratuita del portal de la AFIP. Aunque esta última opción existe, muchos denuncian que el sistema presenta limitaciones de velocidad y capacidad cuando el volumen de operaciones crece.

Contexto comparado y lecciones históricas

Argentina no está sola en este camino. Brasil implementó un régimen similar de factura electrónica obligatoria hace más de una década (NF-e), con resultados mixtos: mayor recaudación pero también mayor carga administrativa para las pymes. Chile, por su parte, logró una adhesión casi total en menos de cinco años gracias a un esquema de incentivos y sanciones graduales.

En el caso local, la experiencia del 2016-2019 mostró que la ampliación de la obligatoriedad genera picos de consultas y saturación en los centros de atención de la AFIP. Es probable que este julio se repita ese patrón. Quienes asesoran a contribuyentes recomiendan empezar la migración en mayo o junio para evitar demoras.

Recomendaciones prácticas

Para los obligados, el primer paso es verificar en el portal de la AFIP su situación frente al régimen. Luego, elegir entre las opciones de facturadores electrónicos homologados o usar la herramienta gratuita. Es clave probar el sistema con facturas de prueba antes de la fecha de corte. Además, es conveniente revisar los contratos con clientes para ajustar cláusulas de emisión de comprobantes.

Desde el punto de vista fiscal, esta medida no genera un nuevo impuesto, pero sí aumenta la probabilidad de detección de inconsistencias. Quien venía declarando menos de lo que realmente facturaba ahora tendrá mayor dificultad para ocultarlo.

La resolución, en definitiva, sigue la lógica de los últimos quince años: usar la tecnología para achicar la informalidad y mejorar la eficiencia del control. Si se implementa con gradualidad y soporte técnico adecuado, puede ser un paso positivo. Si se aplica de manera rígida, generará costos innecesarios para el segmento más vulnerable del entramado productivo.