Baja de punibilidad: “La ley siempre estuvo vigente en la provincia de Buenos Aires”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ratificó este miércoles que la baja de punibilidad para menores siempre estuvo vigente en el territorio bonaerense, luego de que un tribunal revocara el fallo que había dispuesto su suspensión por 60 días.

La medida había generado un fuerte debate en materia de política criminal y seguridad, con repercusiones que trascienden el ámbito estrictamente penal. El funcionario cuestionó las declaraciones de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y advirtió sobre los efectos que tendría dejar sin medidas a adolescentes en conflicto con la ley.

Según el ministro, la única dimensión que realmente se pone en duda en este momento es la de los fondos necesarios para la implementación efectiva de las políticas de acompañamiento y contención. En ese punto coincidió parcialmente con la visión de CORREPI, organización que ha seguido de cerca el expediente judicial.

La baja de punibilidad forma parte de un esquema más amplio de políticas provinciales orientadas a diferenciar el tratamiento de los menores infractores, priorizando en muchos casos medidas socioeducativas por sobre la privación de libertad. Su suspensión temporaria había sido interpretada por algunos sectores como un retroceso en materia de derechos, mientras que otros la veían como un endurecimiento necesario ante el aumento de ciertos delitos.

Con la revocación del fallo, la provincia recupera plena operatividad de la norma. Sin embargo, el debate sobre su eficacia y sobre los recursos presupuestarios para sostenerla sigue abierto. Analistas coinciden en que el nudo central pasa por la capacidad real del Estado provincial para ofrecer alternativas educativas y de reinserción, más allá de la letra de la ley.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre enfoques punitivos y enfoques restaurativos en la provincia más poblada del país. En un contexto macroeconómico ajustado, donde los recursos fiscales son escasos, la discusión sobre fondos se vuelve estratégica: sin financiamiento adecuado, la baja de punibilidad corre el riesgo de convertirse en una disposición nominal sin impacto real en la vida de los jóvenes.

Desde la perspectiva de la economía política, el episodio ilustra cómo las decisiones judiciales en materia penal terminan afectando las cuentas públicas provinciales y, en última instancia, las prioridades de gasto en seguridad y desarrollo social. La advertencia sobre “chicos que quedarían sin medidas” no es solo humanitaria: tiene una traducción presupuestaria concreta en un año donde los gobernadores negocian coparticipación y transferencias con la Nación.

La revocación del fallo devuelve previsibilidad al sistema, pero no resuelve las grietas estructurales. Queda por ver si el Ejecutivo bonaerense logra traducir la vigencia formal de la ley en resultados medibles en términos de reinserción juvenil y reducción de reincidencia, dos variables que cualquier análisis comparado de políticas de seguridad pone en el centro de la discusión.