Caputo designó dos funcionarios que no cumplen con los requisitos del convenio colectivo
Las designaciones de la nueva directora de Exportaciones y un subgerente del INTI fueron publicadas en el Boletín Oficial reconociendo expresamente que no reúnen la formación ni la experiencia exigidas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó dos designaciones de funcionarios de rango medio que, según los propios decretos publicados en el Boletín Oficial, no cumplen con los requisitos mínimos de formación y experiencia establecidos por el convenio colectivo de trabajo del sector público.
Se trata de la nueva directora nacional de Exportaciones, dependiente de la Secretaría de Comercio, y de un subgerente operativo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En ambos casos, los textos administrativos incluyen una cláusula explícita que admite la excepción a las condiciones habitualmente requeridas para esos cargos.
El hecho llama la atención porque se produce en un contexto en el que el Gobierno insiste en la necesidad de profesionalizar la administración pública, reducir el gasto político y mejorar la eficiencia del Estado. Las designaciones se enmarcan en un esquema de “contratación excepcional” que, según los documentos, se justifica por “razones de servicio”.
Desde el punto de vista institucional, el mecanismo no es ilegal: el convenio colectivo permite excepciones debidamente fundamentadas. Sin embargo, su uso reiterado y en cargos de cierta visibilidad genera dudas sobre los criterios de selección que se están aplicando en áreas clave para la política económica.
La Dirección Nacional de Exportaciones es un puesto relevante en la actual estrategia de apertura comercial y búsqueda de nuevos mercados. Su titular debe interactuar con cámaras sectoriales, diseñar políticas de promoción y negociar aspectos regulatorios con socios comerciales. La falta de experiencia específica en comercio internacional, reconocida en el decreto, podría limitar la capacidad de ejecución de esa agenda.
En el caso del INTI, organismo técnico por excelencia, la designación de un subgerente sin los antecedentes académicos ni la trayectoria exigida resulta aún más llamativa. El instituto es responsable de normas, certificaciones y asistencia tecnológica a las PyMEs; su credibilidad técnica es uno de sus principales activos.
Vale separar dos cosas. Por un lado, la posibilidad legal de nombrar personas de confianza en cargos de confianza es una práctica extendida en todas las administraciones. Por otro, cuando se trata de direcciones técnicas o regulatorias, la experiencia y la formación suelen ser condiciones necesarias para evitar errores costosos o pérdida de credibilidad ante el sector privado.
El antecedente reciente más claro es el ciclo 2016-2019, cuando el gobierno de Cambiemos también recurrió a designaciones excepcionales en distintas áreas. Algunas funcionaron razonablemente; otras terminaron en reemplazos rápidos o en resultados mediocres. La variable que suele determinar el éxito no es la excepción en sí, sino la calidad del reemplazo y la consistencia del equipo.
Hasta el momento, el Ministerio de Economía no ha emitido una explicación pública sobre las razones específicas que motivaron estas dos designaciones. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y discurso de meritocracia, el reconocimiento explícito de que los nombrados no cumplen los requisitos mínimos invita a una pregunta incómoda: ¿qué criterio primó por encima de los estándares técnicos y de experiencia?
La respuesta a esa pregunta determinará si estos casos son anomalías puntuales o el síntoma de un problema más profundo en la construcción de equipos en la actual gestión económica.