El Gobierno eliminó una obligación para frigoríficos: qué cambia y cómo seguirá el control sanitario

El Gobierno nacional modificó las regulaciones que regían el control sanitario en los frigoríficos, permitiendo que los establecimientos implementen sus propios esquemas de autocontrol en lugar de seguir un protocolo único impuesto por el Senasa. La medida, que busca reducir cargas administrativas y dar mayor flexibilidad operativa, genera interrogantes sobre cómo se garantizará la inocuidad de los productos en un sector clave para las exportaciones argentinas.

Hasta ahora, los frigoríficos debían adherir a un sistema estandarizado de supervisión que incluía auditorías periódicas y protocolos detallados. Con el cambio, las empresas podrán diseñar sus propios planes de gestión de riesgos, siempre que cumplan con los estándares internacionales y nacionales mínimos. Esto se alinea con tendencias observadas en países como Brasil y Uruguay, donde esquemas de autocontrol han convivido con supervisión estatal sin comprometer el acceso a mercados premium.

¿Qué cambia en la práctica?

Para los frigoríficos, especialmente los medianos y grandes, la novedad implica una reducción de costos operativos asociados a trámites y auditorías externas repetitivas. Según datos del sector, el costo de cumplimiento regulatorio podía representar hasta el 2-3% de los márgenes en plantas de faena. Al permitir planes propios, se espera una mayor agilidad para adaptarse a demandas específicas de compradores, como los estrictos requisitos de la Unión Europea o China en materia de trazabilidad y residuos.

Sin embargo, no se trata de una desregulación total. El Senasa mantendrá su rol de auditor y supervisor de última instancia. Los planes de autocontrol deberán ser validados inicialmente y estarán sujetos a fiscalizaciones aleatorias e inspecciones de rutina. Cualquier desviación detectable en muestreos o alertas sanitarias activará intervenciones inmediatas, incluyendo clausuras preventivas.

Desde el punto de vista macro, el sector frigorífico representa alrededor del 2,5% del PBI industrial y genera divisas por encima de los 4.000 millones de dólares anuales en exportaciones. En un contexto donde el saldo comercial agroindustrial es clave para acumular reservas, cualquier señal que ponga en duda la confiabilidad sanitaria podría afectar el “country risk” sectorial y los precios de exportación.

Riesgos y desafíos pendientes

El principal interrogante que plantean especialistas es la capacidad diferencial de las empresas para implementar sistemas robustos. Mientras los grandes grupos (como los líderes en exportación de carne vacuna) ya operan con estándares equivalentes a ISO o HACCP avanzados, los establecimientos más pequeños podrían enfrentar dificultades para diseñar y financiar planes propios creíbles. Allí el rol del Senasa como garante uniforme se vuelve aún más relevante.

La experiencia comparada muestra que cuando se avanza en autocontrol, el éxito depende de dos factores: capacitación continua del personal y sistemas de información digitalizados que permitan trazabilidad en tiempo real. Argentina ya cuenta con avances en este sentido a través de la plataforma del Sistema Integrado de Gestión de Productos de Origen Animal, pero su adopción no es universal.

Desde el Ministerio de Economía se argumenta que esta medida forma parte de una agenda más amplia de simplificación regulatoria orientada a mejorar la competitividad sin relajar estándares sanitarios. Fuentes oficiales indicaron que el cambio fue consensuado con las cámaras del sector y que no implica reducción de personal inspectivo, sino una reasignación hacia tareas de mayor valor como análisis de riesgo y fiscalización inteligente.

Cómo seguirá el control sanitario

El Senasa seguirá emitiendo certificados de exportación y habilitaciones, pero ahora basados en la validación de los sistemas internos de cada planta. Se espera que en los próximos meses se publiquen las guías técnicas detalladas que establezcan los requisitos mínimos para que un plan propio sea aprobado. Hasta entonces, los frigoríficos operarán bajo un régimen transitorio.

Para los inversores y analistas que siguen la cadena de la carne, el dato relevante no es tanto la desregulación en sí, sino si esta se traduce efectivamente en mayor volumen exportable y mejores precios. La historia argentina muestra que los mercados externos castigan rápidamente cualquier percepción de debilidad sanitaria (recuérdese el impacto de episodios pasados con aftosa o residuos).

En síntesis, el cambio apunta a modernizar una regulación que databa de hace más de dos décadas, pero su éxito dependerá de la capacidad estatal de supervisar sin interferir y de la madurez sectorial para asumir responsabilidad genuina. Antes de sacar conclusiones definitivas, convendrá monitorear los primeros reportes de auditorías y el comportamiento de los precios de exportación en los próximos trimestres.