El riesgo político como eje de la incertidumbre económica argentina

La decisión de los inversores, el comportamiento de los precios y la sostenibilidad de cualquier programa de estabilización dependen en gran medida de la percepción de riesgo político. En un país con historia de rupturas institucionales y giros abruptos de política, esa variable suele pesar más que los indicadores macroeconómicos de corto plazo.

La información fue publicada originalmente por Inflación y precios en Argentina (Google News) el 25 de octubre de 2026. Camilo Tiscornia, socio de C&T Asesores Económicos, lo resumió con claridad: “El mayor riesgo es el político, y de él se derivan las demás consecuencias”. La frase, pronunciada en el marco de un análisis sobre el escenario actual, pone el foco en un punto que suele ser soslayado cuando se discute ajuste fiscal o metas de inflación.

Desde una perspectiva comparada, la experiencia de otros emergentes muestra que los programas que lograron anclar expectativas lo hicieron cuando lograron construir un mínimo de consenso político alrededor de las reglas de juego. Cuando ese consenso se fractura, la salida de capitales, la dolarización de carteras y la aceleración inflacionaria suelen aparecer con rapidez, incluso si los números fiscales lucen ordenados en el papel.

En el caso argentino, el riesgo político adquiere múltiples formas. La primera es la capacidad del oficialismo para sostener el ajuste más allá de 2026, cuando la licuación de ingresos reales por inflación acumulada ya no sea un colchón tan efectivo. La segunda es la reacción de la oposición y de los sectores afectados por las correcciones tarifarias y previsionales. La tercera, y quizá la más relevante para los mercados, es la incertidumbre sobre qué ocurrirá después de 2027: ¿continuidad de un esquema de disciplina fiscal o regreso a un modelo de mayor intervención y emisión?

La historia reciente ofrece ejemplos claros. El ciclo 2016-2018 mostró cómo un gobierno con mandato inicial fuerte vio erosionada su credibilidad cuando la política interna y las tensiones con aliados parlamentarios complicaron el manejo fiscal. El período 2019-2023, por su parte, ilustró los límites de un esquema que priorizó la distribución por sobre la sostenibilidad. En ambos casos, el detonante último fue político antes que técnico.

Tiscornia no está sugiriendo que los desafíos económicos sean secundarios. Al contrario: sostiene que la viabilidad de la meta de inflación, la acumulación de reservas y la normalización del acceso al crédito internacional dependen de que los actores políticos perciban que el costo de romper el programa es mayor que el costo de sostenerlo. Esa percepción no se construye solo con discursos; se construye con resultados visibles en empleo, salarios y actividad, y con señales de que el ajuste no recae desproporcionadamente sobre un solo sector.

Mirado desde la lente de la economía política internacional, Argentina enfrenta un dilema conocido. Los mercados emergentes que lograron estabilizaciones duraderas —Chile en los ’80, Perú en los ’90, Brasil a partir de 1994— lo hicieron cuando lograron transformar una emergencia en un pacto de largo plazo. Ese pacto no eliminó el conflicto distributivo, pero lo canalizó dentro de reglas institucionales aceptadas por la mayoría. Cuando el conflicto desborda las instituciones, el riesgo político se vuelve dominante.

Para el inversor local y el tomador de decisiones empresarial, la implicancia es práctica. Más que seguir día a día la variación del tipo de cambio o las cifras de recaudación, conviene monitorear los indicadores de cohesión política: grado de apoyo a las medidas de ajuste en las encuestas, capacidad del Ejecutivo para negociar en el Congreso, y señales de unidad o fractura dentro de la coalición gobernante. Esos factores suelen anticipar movimientos en los spreads soberanos y en la brecha cambiaria con mayor precisión que muchos modelos econométricos.

El desafío actual no es técnico. El equipo económico ha demostrado capacidad para diseñar secuencias de política que, al menos en el corto plazo, logran reducir la emisión y recomponer reservas. La pregunta que queda abierta es si esa capacidad técnica podrá sostenerse cuando el ciclo político se complique, como inevitablemente ocurre en toda democracia. La respuesta a esa pregunta definirá si el actual proceso de desinflación se consolida o vuelve a interrumpirse.

En última instancia, el diagnóstico de Tiscornia invita a una lectura más madura del momento argentino. No se trata de elegir entre “economía” o “política”, sino de entender que en un país de alta volatilidad institucional, la segunda termina determinando los márgenes de acción de la primera. Quien ignore esa secuencia causal corre el riesgo de sorprenderse cuando los números que hoy lucen prometedores dejen de serlo.