Malestar docente en las escuelas más allá de PISA y las pruebas Aprender
Argentina obtuvo su peor resultado histórico en PISA, pero el malestar en las escuelas viene de antes. Docentes y gremios advierten sobre el impacto del ajuste y el uso político de las evaluaciones.
El resultado de Argentina en el último informe PISA, que la ubica en el puesto 72 entre 91 países evaluados, no sorprendió a quienes trabajan todos los días en las escuelas públicas. El docente y especialista en educación Manuel Becerra y la referente gremial Amanda Martin coinciden en que el malestar en el sistema educativo es previo y más profundo que cualquier prueba internacional o nacional.
Según los datos difundidos esta semana, los estudiantes argentinos mostraron un retroceso significativo en las tres áreas evaluadas: lectura, matemática y ciencias. El desempeño se ubica por debajo del promedio de la OCDE y refleja una tendencia que se arrastra desde hace años. Sin embargo, para Becerra el problema central no pasa por el ranking sino por cómo se utiliza políticamente este tipo de mediciones.
“Hay muchísimo malestar en las escuelas, con o sin PISA o Aprender”, sintetizó el especialista. En su análisis, estas evaluaciones suelen ser instrumentalizadas para justificar ajustes presupuestarios o reformas que no atacan las causas estructurales de la baja calidad educativa: la precariedad laboral docente, la falta de inversión en infraestructura y la sobrecarga administrativa que quita tiempo de enseñanza real.
Desde el lado gremial, Amanda Martin, secretaria general de la CTA-Santa Cruz y referente nacional, vinculó directamente los resultados con las políticas de ajuste fiscal implementadas en los últimos años. La reducción de partidas destinadas a educación, el congelamiento de salarios reales y la disminución de programas de apoyo escolar habrían agravado las condiciones de aprendizaje, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica.
El informe PISA 2025 (publicado en 2026) llega en un momento de fuerte debate sobre el tamaño del gasto público. Quienes defienden la necesidad de consolidar las cuentas fiscales argumentan que los resultados educativos no mejoran automáticamente con más recursos. Quienes están en las aulas sostienen lo contrario: sin estabilidad docente, sin materiales actualizados y sin políticas de contención social, es imposible mejorar el desempeño cognitivo.
Becerra advierte que el riesgo mayor es que el “bochazo” sea usado como pretexto para profundizar medidas que ya generan rechazo en las comunidades educativas, como la evaluación por resultados o la flexibilización laboral. “Las pruebas miden un aspecto, pero no capturan el clima de violencia, la deserción encubierta ni el agotamiento docente”, señaló.
Martin, por su parte, recordó que las escuelas vienen cargando con las consecuencias de la postpandemia, la inflación crónica y la fragmentación social. “El ajuste no es gratis. Se paga en aprendizaje y en futuro”, afirmó.
Más allá de las posiciones políticas, el consenso entre quienes conocen el día a día del sistema es que los resultados de PISA y de las pruebas Aprender locales confirman una tendencia que ya se veía en los relevamientos nacionales: la brecha entre los alumnos de sectores más favorecidos y los de contextos vulnerables se amplía, y el promedio nacional sigue estancado.
El desafío para las autoridades es separar el ruido político del diagnóstico técnico. Mejorar la educación requiere consistencia de políticas a lo largo de los años, inversión sostenida en formación docente y una mirada integral que no reduzca la escuela a un mero generador de puntajes. Mientras tanto, en las aulas el malestar sigue creciendo, independientemente de dónde termine Argentina en el próximo ranking internacional.