Por qué exigimos justicia para nuestros compañeros y sus familias

El 6 de septiembre de 2026, familiares y compañeros de tres trabajadores desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar vuelven a exigir que Emilio Parodi, quien fuera jefe de Personal en la planta Avellaneda de Bunge & Born —hoy bajo control de Molinos—, sea juzgado por su responsabilidad en esos crímenes.

La historia no es nueva, pero su persistencia revela una verdad incómoda para el mundo corporativo argentino: la complicidad civil en el terrorismo de Estado no fue un hecho aislado ni marginal. En el caso de Parodi, los testimonios acumulados durante años de investigación judicial apuntan a un rol activo en la identificación, seguimiento y entrega de trabajadores sindicalizados a las fuerzas represivas.

Los tres compañeros —cuyos nombres siguen siendo bandera en las asambleas obreras— formaban parte de una generación que combinaba la defensa de derechos laborales con la militancia política. Su secuestro y desaparición no ocurrieron en el vacío: se inscribieron en un plan sistemático de disciplinamiento de la fuerza de trabajo que involucró a sectores importantes del establishment económico de la época.

Exigir justicia en este caso no es solo un acto de memoria. Es, ante todo, una reivindicación de que las empresas no pueden lavarse las manos cuando sus directivos actuaron como piezas funcionales de la maquinaria represiva. Bunge & Born, luego transformada y vendida, representa uno de los emblemas del capital concentrado en la Argentina del siglo XX. Que uno de sus ejecutivos clave haya participado en la represión no es un detalle histórico; es un capítulo que el mundo empresario preferiría olvidar.

La lentitud del proceso judicial, las dilaciones procesales y la resistencia de ciertos sectores a reconocer la responsabilidad civil en delitos de lesa humanidad forman parte de un patrón más amplio. En otros casos emblemáticos, como los vinculados a empresas automotrices o financieras, la justicia avanzó con mayor o menor éxito. Aquí, la impunidad relativa de Parodi se ha convertido en un símbolo de lo que aún falta recorrer.

Desde una perspectiva económica, este reclamo interpela directamente al modelo de acumulación que se consolidó tras la dictadura. La “paz social” que se impuso a sangre y fuego tuvo costos humanos incalculables y permitió reestructuraciones productivas que beneficiaron a los mismos grupos económicos que, en muchos casos, miraron para otro lado o colaboraron activamente.

La lucha de los familiares y de los sindicatos no busca revanchismo. Busca verdad, juicio y castigo para que quede establecido un precedente: la empresa no es un ámbito neutral. Cuando sus gerentes deciden colaborar con un régimen que secuestra, tortura y desaparece, esa decisión tiene consecuencias que trascienden el momento histórico.

En un país que sigue debatiendo cómo procesar su pasado reciente, casos como el de Emilio Parodi recuerdan que la justicia por los crímenes de la dictadura no es solo una cuestión de derechos humanos. Es también una cuestión de accountability empresarial y de reparación moral hacia las familias que, cuarenta años después, siguen esperando respuestas.

La exigencia de que Parodi sea llevado al banquillo de los acusados no cierra una herida. La abre, para que finalmente cicatrice con verdad. Porque, como repiten los compañeros y familiares en cada movilización, sin justicia no hay cierre posible. Solo hay olvido impuesto, y el olvido, en materia de lesa humanidad, es una forma más de impunidad.