Se calienta el cruce entre Nación y Kicillof tras el freno judicial: “Juicio político”

El fallo de una jueza de La Plata que frenó la aplicación de la ley de Bases en la provincia de Buenos Aires encendió un cruce de alto voltaje entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof. La decisión judicial, que reconoce explícitamente la oposición de la magistrada a la norma, fue calificada como un acto de militancia por funcionarios de la Casa Rosada y abrió la puerta a un posible juicio político.

En diálogo con El Cronista, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuestionó con dureza los fundamentos de la jueza y dejó entrever que el Ejecutivo nacional evalúa avanzar con un proceso de remoción. “No es un fallo, es una opinión política disfrazada de sentencia”, sostuvo la funcionaria, según la consultada.

El cruce no se limitó a las declaraciones. El diputado nacional Diego Santilli se enfrentó públicamente con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en un intercambio que reflejó la tensión que atraviesa la relación entre Nación y Provincia. Mientras tanto, el debate por el presupuesto 2027 ya aparece como el próximo campo de batalla, donde el freno judicial podría complicar las negociaciones.

La jueza, en declaraciones radiales, admitió estar “en contra de la ley” y argumentó que su aplicación lesionaría derechos provinciales. Esa confesión explícita fue leída en el oficialismo como una violación al deber de imparcialidad, lo que alimenta la posibilidad de un juicio político.

Desde el entorno de Kicillof se defiende la autonomía provincial y se acusa al Gobierno nacional de avanzar sobre las facultades locales. El gobernador, que ya había advertido sobre los riesgos de la ley de Bases para la provincia, encontró en el fallo un respaldo judicial que ahora intenta capitalizar políticamente.

El episodio ocurre en un momento clave del calendario económico. Con el debate presupuestario en marcha, el conflicto judicial agrega una capa de incertidumbre sobre cómo se distribuirán recursos y competencias entre Nación y las provincias. Históricamente, estos choques institucionales terminan afectando la previsibilidad que necesitan los inversores y los mercados. El caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión estructural entre un Gobierno nacional que busca centralizar decisiones y una provincia históricamente renuente a ceder margen de maniobra. Más allá del resultado final del eventual juicio político, lo que queda claro es que el conflicto ya escaló al terreno institucional y que sus repercusiones económicas serán inevitables.