El comercio ilegal en Argentina ya mueve u$s32.000 millones al año

El comercio ilegal en la Argentina alcanzó los u$s32.000 millones anuales, según un informe reciente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la consultora PwC. Esta cifra representa aproximadamente el 5,5% del PBI y supera ampliamente el tamaño de varios sectores formales de la economía.

El estudio, basado en datos de 2023 y proyecciones para 2024, detectó un crecimiento sostenido de las actividades ilícitas en los últimos años. La combinación de alta presión tributaria, controles ineficaces en fronteras y puertos, y el fuerte aumento de la brecha cambiaria impulsó tanto el contrabando como la falsificación de productos.

Los sectores más golpeados

Los rubros más afectados por la falsificación y el contrabando son:

• Alimentos y bebidas: Incluye la entrada ilegal de productos lácteos, aceites, yerba, vinos y bebidas alcohólicas. Se estima que el 18% de las bebidas alcohólicas que se consumen en el país son de origen ilegal.
• Cigarrillos: El mercado ilegal representa casi el 25% del total, con una pérdida fiscal superior a los u$s400 millones anuales.
• Indumentaria y calzado: La falsificación y el ingreso sin declarar de prendas (principalmente desde Asia vía Paraguay y Bolivia) explican casi el 30% del consumo en algunos segmentos.
• Electrónica y accesorios: Celulares, cargadores, auriculares y baterías falsificadas dominan gran parte del comercio informal en las principales avenidas porteñas y ferias.

Según el informe, el contrabando “clásico” (por pasos fronterizos no habilitados) convive con formas más sofisticadas de comercio ilegal, como el subfacturado, el uso de criptomonedas para eludir controles y la triangulación comercial a través de países limítrofes.

Impacto macroeconómico y fiscal

La economía ilegal genera una doble pérdida. Por un lado, reduce la recaudación impositiva: se estima que el Estado deja de percibir alrededor de u$s8.500 millones por año entre IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y derechos aduaneros. Por otro, desplaza a la producción nacional, afecta el empleo formal y desincentiva la inversión en sectores que compiten con productos falsificados.

Tomás Berenguer, especialista en política económica, señala que “la brecha cambiaria actúa como un subsidio al contrabando. Cuando el dólar blue o MEP está 40% o más por encima del oficial, el incentivo a importar ilegalmente se vuelve irresistible para muchos operadores”.

El problema no es nuevo. Durante la década de 2010 ya se habían registrado picos similares, pero la combinación de inflación crónica, cepo cambiario reforzado y caída del poder adquisitivo volvió a expandir el negocio ilegal. Países como Brasil y México, con economías de tamaño comparable, muestran tasas de comercio ilegal sensiblemente menores (entre 2,8% y 3,5% del PBI), lo que habla de una problemática particularmente aguda en la Argentina.

¿Qué se puede hacer?

Los autores del informe proponen un conjunto de medidas que van desde la modernización del control aduanero con tecnología de escaneo y trazabilidad digital hasta la reforma tributaria que reduzca la presión sobre los sectores más expuestos. También sugieren mayor cooperación internacional con Brasil, Paraguay y Bolivia para desarticular las rutas de contrabando.

Sin embargo, reconocen que sin una estabilización macroeconómica de fondo —que incluya unificación cambiaria, baja de inflación y recuperación del poder adquisitivo— cualquier medida de control será solo paliativa. Mientras la brecha entre el costo de producir legalmente y vender informalmente siga siendo tan amplia, el comercio ilegal seguirá siendo un negocio atractivo.

El informe advierte que, si no se actúa con decisión, la cifra de u$s32.000 millones podría trepar a u$s38.000 millones en 2025, consolidando un piso cada vez más alto de informalidad que erosiona las bases mismas del contrato social y la sostenibilidad fiscal.