El Gobierno impulsa el PCT pero retiene el acuerdo con EE.UU. en medio de negociaciones

El Ejecutivo buscará aprobar el Protocolo de Cooperación Tributaria (PCT) en las próximas sesiones, pero mantiene en carpeta el envío al Congreso del acuerdo bilateral con Estados Unidos. Según fuentes oficiales, el tratado que se negocia hace casi tres décadas llegará al recinto la semana que viene, aunque con una modificación que podría extender los tiempos de debate legislativo.

La demora en el envío del acuerdo con Washington se produce pese a que se destrabó la cuestión arancelaria, uno de los principales escollos. En la Casa Rosada continúan las negociaciones técnicas sobre los términos finales, con el objetivo de remitirlo al Legislativo antes del año electoral de 2027.

Desde una perspectiva macroeconómica, este tipo de acuerdos suelen ser vistos como una señal de inserción internacional. Sin embargo, el caso argentino siempre estuvo marcado por idas y vueltas: el PCT ha sido un objetivo de sucesivos gobiernos desde fines de los '90, pero nunca logró cerrar del todo por diferencias en materia tributaria, de propiedad intelectual y de acceso a mercados sensibles.

¿Qué cambia la modificación anunciada?

La alteración introducida en el texto del PCT busca, según trascendidos, dar mayor flexibilidad en la aplicación de ciertas cláusulas de protección de inversiones. Esto podría facilitar la aprobación en el Congreso, donde tanto el oficialismo como parte de la oposición moderada coinciden en la necesidad de mejorar la relación con Estados Unidos. No obstante, esa misma flexibilidad genera recelos en sectores que temen una pérdida de soberanía regulatoria.

Vale separar dos cosas. Por un lado, el avance del PCT representa un paso concreto en la normalización de la relación bilateral, algo que tiene impacto potencial en flujos de inversión y en la percepción de riesgo país. Por otro, la retención del acuerdo más amplio con EE.UU. refleja que todavía existen puntos sensibles: desde la Casa Rosada admiten que persisten diferencias en materia de compras gubernamentales y de reglas de origen que requieren más rondas de negociación.

Una mirada comparada muestra que países como México, Chile o Perú lograron cerrar acuerdos de este tipo con Estados Unidos en plazos mucho más cortos. Argentina, en cambio, acumula casi tres décadas de intentos fallidos o inconclusos. El ciclo actual se abre con mejores condiciones externas que en 2018 o 2022, pero el calendario electoral ya empieza a condicionar los tiempos.

El dato relevante acá es el timing

El Gobierno quiere tener el acuerdo con EE.UU. aprobado antes de que se acelere la campaña de 2027. Eso implica cerrar las negociaciones restantes en las próximas semanas y enviar el texto al Congreso con chances reales de sanción en 2026. La demora actual, aunque explicable desde lo técnico, genera ruido en los mercados: inversores extranjeros suelen leer estos retrasos como falta de decisión política.

Ahora bien, no todo es negativo. El destrabe arancelario es un hecho concreto y abre la puerta a mayor exportación de manufacturas de origen agroindustrial y de servicios basados en conocimiento. Si el acuerdo final incluye un capítulo robusto de inversiones, podría complementar el esfuerzo por estabilizar la macro y atraer dólares genuinos.

Lo importante no es tanto el anuncio del envío, sino los términos definitivos que lleguen al recinto. Un texto diluido que solo busque cumplir con una promesa electoral tendrá escaso impacto real. Un acuerdo equilibrado pero ambicioso, en cambio, podría marcar un punto de inflexión en la relación económica con el principal socio comercial del G7.

Antes de sacar conclusiones definitivas, habrá que ver el texto completo y el grado de consenso que genera en ambas cámaras. Por ahora, el Gobierno avanza con el PCT como señal de buena voluntad y mantiene el acuerdo más amplio bajo llave hasta que las negociaciones internas y externas terminen de alinearse. El reloj electoral ya corre.