Interna por discapacidad: el Gobierno negocia contrapropuesta con aliados para eliminar emergencia
Mientras crecen las tensiones internas, el Ejecutivo busca acordar un dictamen que elimine la emergencia en el sector y flexibilice el régimen de pensiones. Bullrich y sus pares se enfrentarán el lunes en Gabinete.
El Gobierno nacional avanza en negociaciones con sus aliados para sellar un dictamen que elimine la emergencia en el sector de discapacidad y flexibilice el régimen de pensiones, en medio de una interna que no da tregua.
La pulseada se profundizó esta semana con la difusión de un video de Patricia Bullrich que redobló la apuesta y generó nuevas acusaciones de descoordinación. El lunes, los principales actores del Gabinete se verán cara a cara para intentar ordenar el conflicto.
Según s cercanas a las conversaciones, el objetivo es arribar a un texto de consenso que modifique el actual esquema de prestaciones. La propuesta en discusión busca levantar la emergencia declarada en años previos y abrir paso a una mayor flexibilidad en la otorgación de pensiones por discapacidad, un punto sensible tanto desde el punto de vista fiscal como social.
El trasfondo es conocido: el gasto en políticas de discapacidad representa una porción no menor del presupuesto consolidado y, en un contexto de ajuste fiscal estricto, se convirtió en uno de los focos de revisión. Sin embargo, cualquier cambio en este terreno genera resistencias fuertes dentro de la coalición de Gobierno y también entre gobernadores y bloques opositores dialoguistas.
La interna expuesta en los últimos días refleja tensiones acumuladas. Por un lado, sectores más ortodoxos en materia fiscal presionan por recortes y mayor control de las prestaciones. Por el otro, voces más cercanas a las áreas sociales alertan sobre el costo humano de una reforma abrupta y piden que cualquier modificación venga acompañada de mecanismos de transición y evaluación rigurosa.
El video de Bullrich con la canción de Lali Esposito actuó como catalizador. Lejos de calmar los ánimos, la pieza audiovisual fue leída como una provocación por parte de quienes defienden el statu quo en las políticas de discapacidad. El resultado fue un cruce de declaraciones cruzadas que obligó a la Casa Rosada a intervenir directamente.
Las negociaciones con aliados parlamentarios buscan precisamente evitar que el debate estalle en el Congreso. El dictamen en elaboración intentaría incorporar algunas de las demandas de los bloques dialoguistas para garantizar viabilidad política. Entre los puntos en danza figura la posibilidad de mantener ciertos criterios de vulnerabilidad social en la evaluación de pensiones, aunque con umbrales más estrictos que los actuales.
Desde el punto de vista macro, el ajuste en este rubro forma parte de un esfuerzo más amplio por contener el gasto primario. En los últimos meses, el Ejecutivo ha logrado reducir el déficit fiscal, pero los números muestran que ciertas partidas sociales continúan bajo presión. Eliminar la emergencia permitiría al Gobierno recuperar herramientas de control administrativo, aunque también expone al oficialismo a críticas por recorte de derechos.
El encuentro del lunes en Gabinete será clave. Allí se espera que Bullrich y sus pares expongan sus posiciones con crudeza. El resultado de esa reunión determinará si el dictamen avanza en los términos negociados o si será necesario reescribirlo una vez más.
Antes de sacar conclusiones definitivas, vale separar dos cosas: el diagnóstico fiscal que justifica una revisión del esquema actual es razonable, pero la ejecución política de esa revisión está lejos de estar resuelta. Una reforma mal calibrada podría generar costos sociales y políticos mayores a los beneficios fiscales obtenidos.
Lo importante no es tanto el anuncio de la eliminación de la emergencia, sino los mecanismos concretos que la reemplazarán: criterios de elegibilidad, plazos de transición, controles de fraude y acompañamiento a las personas con discapacidad que queden fuera del sistema. Hasta ahora, esos detalles siguen en nebulosa.
El dato relevante acá es que el Gobierno no puede darse el lujo de una nueva crisis de credibilidad en un área tan sensible. Con las negociaciones aún abiertas, el lunes se presenta como un punto de inflexión. El resultado definirá no solo el futuro inmediato de las políticas de discapacidad, sino también el grado de cohesión interna del oficialismo en materia de ajuste fiscal.