Javier Milei muere con las botas puestas: se profundiza la crisis del empleo pero el Gobierno no cambiará

La frase se volvió casi un mantra en los últimos días: “Milei muere con las botas puestas”. La profundización de la recesión y el consecuente deterioro del mercado de trabajo colocan al Gobierno en una encrucijada que, por ahora, parece decidido a ignorar.

Según datos privados que recopila la UIA y consultoras como Orlando Ferreres, en los primeros cinco meses del año se perdieron más de 130.000 empleos formados en la industria y la construcción. Las suspensiones en grandes empresas automotrices y metalúrgicas se volvieron moneda corriente, mientras que los despidos en el sector público ya superan los 70.000 según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado.

El INDEC confirmará en las próximas semanas una nueva caída del indicador de actividad industrial y del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica). La desocupación, que había tocado un piso de 6,9% en el tercer trimestre de 2023, ya trepó al 7,7% en el primer trimestre de 2024 y todo indica que el segundo trimestre mostrará un salto mayor.

El Gobierno, sin embargo, no mueve el eje. En reuniones de gabinete y en cada entrevista, el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, repiten que cualquier modificación del programa económico pondría en riesgo la estabilización conseguida y que el “derrame” llegará cuando se consolide el superávit fiscal y baje la inflación de manera sostenible.

Esta postura tiene una lógica interna coherente con el diagnóstico libertario: la crisis actual es el costo inevitable de la herencia recibida y de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Desde esta mirada, intervenir ahora con gasto público o con restricciones cambiarias solo postergaría el problema y volvería a generar inflación.

Sin embargo, la mirada comparada muestra que no todos los programas de ajuste ortodoxo produjeron el mismo resultado en materia de empleo. En la convertibilidad de los ’90, la desocupación también subió fuerte en la primera etapa, pero el contexto internacional era completamente distinto. Hoy, con tasas de interés reales altas en dólares y un mundo que crece por debajo de su potencial, el “derrame” tarda más en llegar.

Los datos de consumo masivo y de ventas en supermercados muestran caídas de dos dígitos. La construcción privada cayó 35% interanual en abril según el ISAC. El salario real del sector privado registrado acumula una pérdida de casi 20 puntos desde diciembre.

¿Cuánto más puede tolerar el sistema? Esa es la pregunta que se hacen cada vez más economistas, incluso dentro del propio oficialismo. El riesgo de una crisis social mayor no es descartable si la desocupación supera el 9% antes de fin de año.

Desde el Ejecutivo responden que ya se ven “brotes verdes”: la inflación núcleo bajó fuertemente, el BCRA acumula reservas, el riesgo país se mantiene por debajo de 1.000 puntos y algunos sectores como el petróleo y la minería muestran inversión. Argumentan que el empleo formal en esos rubros compensará parte de las pérdidas en industria tradicional.

La UIA, en un tono cada vez más crítico, pidió “medidas de shock productivo” que incluyan rebaja de cargas sociales, acceso al crédito productivo y una política cambiaria que no castigue tanto las exportaciones. El Gobierno responde que ya eliminó la brecha cambiaria más grande y que cualquier beneficio impositivo debe estar financiado con mayor recaudación o menor gasto.

El cruce es claro: mientras el Ejecutivo prioriza la consistencia macro y la señal de que “no habrá marcha atrás”, los sectores productivos y los trabajadores reclaman un plan de contención que mitigue el costo social del ajuste.

La historia argentina está llena de planes que se torcieron en el momento de mayor presión social. La pregunta que sobrevuela es si esta vez la rigidez ideológica del Presidente será mayor que esa presión. Por ahora, Milei parece decidido a “morir con las botas puestas”. El costo, en términos de empleo y actividad, sigue subiendo.