Mahiques reabre la pelea por la Corte y anticipa el nuevo mapa judicial: “No hay ningún pacto”

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, reabrió públicamente la discusión sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia y anticipó cambios profundos en el mapa judicial argentino. En diálogo con El Cronista, el funcionario descartó cualquier pacto previo y dejó entrever que el presidente Javier Milei podría enviar los pliegos de los nuevos candidatos antes de lo que se esperaba.

La señal es clara: el Gobierno no está dispuesto a postergar indefinidamente la renovación de la Corte, un tema que viene generando tensiones políticas desde el inicio de la gestión. Según el ministro, la decisión no responde a presiones externas ni a negociaciones ocultas, sino a una estrategia institucional que busca equilibrar el Poder Judicial con las demandas de una sociedad que exige mayor celeridad y previsibilidad.

Cúneo Libarona detalló que el perfil ideal para los nuevos miembros del máximo tribunal debe combinar solidez técnica, independencia probada y sensibilidad hacia los desafíos económicos del país. “No buscamos militantes ni amigos del poder, sino juristas que entiendan el contexto en el que vivimos”, afirmó, en lo que parece una respuesta velada a críticas de sectores opositores que temen una Corte alineada con el oficialismo.

El plan de reforma judicial va más allá de la Corte. El ministro anticipó una reestructuración del mapa federal que incluye la creación de nuevos juzgados en materia económica y administrativa, la digitalización acelerada de expedientes y una revisión de los mecanismos de selección de magistrados. El objetivo, según explicó, es reducir los tiempos de resolución y mejorar la calidad institucional, dos variables que impactan directamente en la confianza de los inversores.

En materia de acuerdos políticos, Cúneo Libarona reconoció que el Senado será el campo de batalla principal. “No hay ningún pacto”, insistió, aunque admitió que el Ejecutivo buscará consensos con bloques dialoguistas para evitar un rechazo que complique la gobernabilidad. El antecedente de las últimas designaciones judiciales muestra que el oficialismo necesita al menos algunos votos de la oposición para avanzar.

Esta movida se produce en un contexto de alta sensibilidad institucional. La Corte Suprema ha sido actor central en varias definiciones económicas de los últimos años, desde cuestiones previsionales hasta regulaciones de tarifas y contratos. Un cambio en su composición podría alterar el equilibrio de poder en decisiones que, en última instancia, afectan el costo de financiamiento del país y la percepción de riesgo jurídico.

Desde una perspectiva comparada, Argentina no es el único país de la región que enfrenta tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Casos como los de Brasil y Chile muestran que las reformas judiciales pueden fortalecer o debilitar la credibilidad institucional según la secuencia y la transparencia con que se lleven adelante. El desafío para el Gobierno será evitar que la discusión se reduzca a una pulseada política y se presente como una actualización institucional necesaria.

Por ahora, el ministro evita dar nombres. La estrategia parece ser generar expectativa sin quemar candidatos prematuramente. Lo que sí queda claro es que la pelea por la Corte ya está abierta y que el nuevo mapa judicial será uno de los ejes centrales del segundo semestre de 2026.