Morosidad familiar: los números que el Gobierno defenderá en el Congreso

El intento de sesión especial para tratar proyectos sobre morosidad y sobreendeudamiento de familias fue neutralizado por La Libertad Avanza, que en cambio convocó a comisiones para un debate más técnico. El tema, que ganó tracción en las últimas semanas, obliga al oficialismo a exponer los números que maneja y la defensa que preparó para el Congreso.

Según datos del Banco Central y de consultoras privadas, la morosidad en el sistema financiero se mantiene en niveles moderados en términos históricos, aunque muestra una tendencia alcista en los últimos trimestres. La cartera vencida del segmento de consumo y tarjetas ronda el 4,5% a julio de 2026, por debajo del pico registrado en 2020 pero claramente por encima de los promedios de la etapa pre-pandemia. En familias de menores ingresos, el ratio se eleva por encima del 7%.

El Gobierno sostiene que el endeudamiento no es un fenómeno generalizado sino concentrado en sectores específicos. Una parte importante de la deuda se explica por el fuerte aumento de las tasas de interés reales durante la primera etapa del actual programa de estabilización. Ese salto de tasas, necesario para anclar expectativas inflacionarias, tuvo como efecto colateral un encarecimiento del crédito al consumo que ahora se traduce en mayores dificultades de pago.

Desde el Ejecutivo destacan además que los niveles de endeudamiento de los hogares argentinos siguen siendo bajos en comparación internacional. El stock de crédito al sector privado representa alrededor del 12% del PIB, una de las relaciones más reducidas de la región. En países como Chile o Brasil, esa proporción supera el 40%. Esta brecha, argumentan, limita la magnitud del problema sistémico.

Los diputados oficialistas preparan una batería de argumentos. En primer lugar, señalarán que la mayoría de los proyectos de ley que se discuten en el Congreso proponen soluciones que ignoran la restricción fiscal. Medidas como la condonación parcial de deudas o la suspensión de ejecuciones sin contrapartida implicarían un costo que, de una u otra forma, terminaría recayendo sobre el Tesoro o sobre el sistema financiero en su conjunto.

Un segundo eje será la distinción entre morosidad genuina y la que deriva de decisiones estratégicas de pago. Fuentes del equipo económico sostienen que parte de la cartera vencida responde a deudores que, ante la expectativa de eventuales programas de salvataje, optan por priorizar otros gastos. Esta conducta, conocida en la literatura económica como “strategic default”, complica el diseño de políticas.

Desde el punto de vista macro, el Gobierno insistirá en que la estabilización en curso es la mejor herramienta para mejorar la capacidad de pago de las familias. La inflación acumulada en lo que va de 2026 ya es menos de la mitad de la de igual período de 2025. La recomposición del poder adquisitivo, aunque lenta, debería aliviar la presión sobre los hogares endeudados en los próximos trimestres.

El debate en comisiones permitirá al oficialismo exponer estos datos con mayor profundidad. Se espera que funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central asistan para brindar información actualizada sobre la evolución del crédito, las tasas reales y las proyecciones de morosidad.

Ahora bien, el reconocimiento de que el problema existe no implica aceptar cualquier solución. El riesgo que identifica el equipo económico es que intervenciones mal calibradas terminen reduciendo aún más la oferta de crédito futuro, afectando especialmente a quienes más lo necesitan. La experiencia argentina y regional muestra que las moratorias amplias suelen generar ese efecto adverso.

La discusión llega al Congreso en un momento en que el sistema financiero muestra signos de incipiente recuperación. Los depósitos en pesos se estabilizaron y la demanda de crédito comenzó a repuntar tímidamente en julio. Cualquier señal de inestabilidad regulatoria podría revertir ese proceso.

El oficialismo buscará, entonces, acotar el debate a medidas quirúrgicas: mejoras en los mecanismos de refinanciación, mayor transparencia en las comisiones y eventuales incentivos fiscales acotados para entidades que reestructuren carteras de clientes de bajos ingresos. Todo ello sin alterar las reglas de juego generales ni comprometer la consistencia fiscal.

Fuente: El Cronista